El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha vuelto a pedir al magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' su puesta en libertad, alegando que su estancia en prisión provisional es "inconstitucional"porque ha superado el plazo legal y "no hay pruebas" en su contra, al tiempo que ha insistido en que es víctima de una "causa general" por su actividad política.
Su defensa, a través de un escrito, cree que "debería ser ineludible una decisión que acordase la inmediata libertad" de Cerdán, porque "el crédito que se ha dado, siete meses, para acreditar la hipótesis de corrupción en la más benevolente de las posibilidades, está vencido, no hay pruebas y las actuaciones, salvo acreditación de contrario, están viciadas de vulneraciones de derechos fundamentales".
A su juicio, las actuaciones realizadas "son expresión de cómo se han forzado los instrumentos procesales de forma estratégica para llegar a una determinada conclusión y, por ello, solo queda evitar la continuación de esta grave situación".
La defensa del ex dirigente socialista considera que mantenerlo en prisión provisional "conlleva el riesgo de superar materialmente la duración máxima de la prisión preventiva acordada para asegurar la investigación del presunto delito".
"Como se viene reiterando, ya no nos encontramos en una fase 'inicial' del procedimiento que pueda justificar la adopción de tal medida. Los cuerpos policiales han tenido el tiempo y las oportunidades suficientes para asegurar la debida investigación, sin que quepa, ya, seguir privando de libertad", afirma.
"Han transcurrido los meses para culminar una investigación"
Y sostiene para ello que desde los meses de febrero y marzo, cuando "empezó la sospecha", hasta ahora "han transcurrido los seis meses que el legislador entendió suficientes para culminar una investigación o, por lo menos, para asegurar que el investigado privado provisionalmente de libertad no pueda influir en la misma.
"Podrá compartirse o no esta contundente conclusión, pero es difícil imaginar que pueda aceptarse como legítimo y constitucional en un sistema penal democrático que un ciudadano sea privado de libertad sin una mínima seguridad que esta medida tan drástica está justificada desde la perspectiva penal", añade.
Los abogados de Cerdán avisan de que esta prisión provisional tiene "importantes riesgos, de basarse en pruebas cuyo origen y naturaleza desconocemos, de avalar una hipótesis policial sin indicios que la confirmen, de realizar una investigación judicial sin límites y sin objeto delimitado, de incriminar actividades propias de la participación política y de estar superando la proporcionalidad temporal de la medida de prisión provisional".
