La legislatura respira con alivio tras el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre la delegación de competencias en materia de migración, un paso que ambos partidos califican como "necesario". Sin embargo, este avance no garantiza el objetivo primordial de cualquier Ejecutivo: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, un objetivo que sigue siendo esquivo para el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque el pacto con Junts abre una puerta a la negociación, la complejidad parlamentaria y las exigencias de otros grupos políticos mantienen en vilo la posibilidad de sacar adelante las cuentas públicas.
Un acuerdo con Junts, pero sin garantías presupuestarias
El PSOE y Junts han coincidido en que la Ley Orgánica acordada es un paso importante para avanzar en sus respectivos objetivos. Para el PSOE, el acuerdo es una vía para acercarse a la aprobación de los Presupuestos, mientras que Junts lo ve como un avance en su agenda política, que incluye la oficialidad del catalán en las instituciones de la UE y la aplicación de la ley de amnistía. Sin embargo, ambas partes reconocen que el pacto no está directamente ligado a las negociaciones presupuestarias.
Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha sido clara al afirmar que, aunque se ha avanzado en la "carpeta de negociación" de los Presupuestos, su formación esperará a que se apruebe la delegación de competencias y la Generalitat pueda ejercerlas. Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha señalado que el acuerdo "abre un nuevo tiempo" para explorar la posibilidad de aprobar las cuentas, aunque sin garantías.
La complejidad parlamentaria persiste
El Gobierno ha reconocido que, pese al acuerdo con Junts, la complejidad parlamentaria no ha cambiado. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, ha subrayado que, aunque se han logrado importantes acuerdos en diversas materias, la aprobación de los Presupuestos sigue siendo un desafío. Alegría ha recordado que en la pasada legislatura se aprobaron tres presupuestos, pero ha admitido que la situación actual es más complicada.
El Gobierno insiste en que va a "sudar la camiseta" y dialogar con todos los grupos parlamentarios para lograr los apoyos necesarios. Sin embargo, las fuentes del Ejecutivo han desligado el pacto con Junts sobre migración de las negociaciones presupuestarias, aunque reconocen que cada paso suma. También han destacado otros avances, como el acuerdo con ERC para la condonación de la deuda y la retirada por parte de Junts de una proposición que pedía a Sánchez someterse a una cuestión de confianza.
Además, el PSOE se enfrenta a otro problema: Podemos. La formación liderada por Ione Belarra ha planteado dos exigencias que parecen inalcanzables: la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel y una reducción del 40% en el precio de los alquileres mediante ley. Estas condiciones hacen que el apoyo de Podemos a los Presupuestos sea, en el mejor de los casos, incierto. De hecho, Podemos ha criticado duramente el acuerdo con Junts, tildándolo de "racista", y podría votar en contra de la proposición de ley, lo que pondría en riesgo no solo este pacto, sino también los Presupuestos.
La sombra de una nueva prórroga
Ante estas dificultades, el Gobierno empieza a asumir que podría no ser posible aprobar los Presupuestos para 2025 y trabaja en comunicar que una nueva prórroga es viable. Sería la sexta en diez años, pero el Ejecutivo argumenta que los actuales Presupuestos tienen un carácter progresista y que no es urgente renovarlos. Además, señala que varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox tampoco han logrado sacar adelante sus cuentas.
Sin embargo, la prórroga no es una solución ideal. El Gobierno prefiere evitar este escenario, pero la falta de apoyos claros en el Parlamento y las exigencias de los distintos grupos políticos hacen que la aprobación de los Presupuestos sea una tarea cada vez más complicada.
