El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a sufrir una situación anómala. Además de llevar más de cuatro años y medio -desde diciembre de 2018- pendiente de su renovación, este miércoles se despide su presidente suplente, Rafael Mozo, por motivos de su jubilación.
La falta de renovación y el bloqueo constante llevó al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a dimitir. Ocurrió en octubre de 2022 con la intención de presionar al Parlamento, al PSOE y al PP, a que se pusieran de acuerdo para nombrar a un nuevo órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, esta maniobra no tuvo efecto ninguno.
La jubilación de Mozo deja un dilema sucesorio en el CGPJ
Tras la salida de Lesmes, el vicepresidente del Supremo asumió la presidencia del Tribunal. La ley establece que el cargo de presidencia del Supremo y del CGPJ debe ser ocupado por la misma persona, pero los vocales del Consejo se opusieron a ello y eligieron a uno de los suyos, a Rafael Mozo, como presidente suplente.
Mozo ha ocupado la presidencia hasta hoy, cuando cumple 72 años, la edad límite para el ejercicio de la judicatura. Su jubilación deja al órgano de gobierno de los jueces con 16 vocales y un dilema sucesorio ante la incertidumbre de si Vicente Guilarte, a quien corresponde sustituirle por ser el vocal de más edad, asumirá la presidencia.
Algunos vocales ponen condiciones para que Guilarte sea el presidente
Vicente Guilarte no es miembro de la Comisión Permanente y, por el momento, no tiene dedicación exclusiva. Guilarte ha estado compatibilizando su cargo con el de abogado y profesor universitario. En el pleno ordinario programado para esta mañana, el CGPJ abordará a petición de seis vocales -tres conservadores y tres progresistas- las condiciones para la presidencia del órgano; si se debe exigir que quien ostente el cargo tenga dedicación exclusiva.
Los seis consideran que, de aceptar convertirse en el nuevo presidente del CGPJ, debería "renunciar" a cualquier otra actividad profesional.
Un debate que acogerá el órgano de gobierno de los jueces a cuatro días de las elecciones generales del 23 de julio y con un CGPJ que, con la salida de Mozo, sólo cuenta con 16 de los 21 vocales previstos en la ley: 10 conservadores y 6 progresistas.
