Los funcionarios de la Administración de la Justicia se reúnen este jueves 20 de abril con el Ministerio, aunque la ministra Pilar Llop no estará presente, para negociar una subida salarial y una mejora de sus condiciones. Intentarán poner fin a la huelga que comenzó el lunes y que ya ha cancelado cerca de 800.000 juicios en tres días.
Se trata de la primera oportunidad que tiene el Gobierno para poner fin a la huelga de funcionarios de Justicia en una mesa de negociación que se reunirá a las 16.30 horas. Los convocantes advierten de que si no hay dinero sobre la mesa y una propuesta concreta, mantendrán la presión y la huelga.
Es decir, seguirán inundando las calles como en la manifestación multitudinaria que discurrió desde el Ministerio de Justicia hasta el Ministerio de Hacienda a la que acudieron más de 10.000 funcionarios. Y fue convocada por los sindicatos CESIF, CCOO, UGT y STAJ, en la que coreaban y se podían ver pancartas con lemas como: "no hay funciones, sin retribuciones" o "funciones claras y definidas", entre otros.
Algunos sindicatos como CSIF no quieren reducir el conflicto a una respuesta por la subida salarial a los letrados judiciales. Aunque otros culpan al Gobierno de haberles dado miel por unas funciones que hacen ellos.
Peticiones de los funcionarios de Justicia
Las tres principales reivindicaciones de los funcionarios de Justicia son en torno a la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa:
- Una ley de eficiencias sin trampas.
- Funciones claras: en la actual se han impuesto nuevas condiciones laborales sin previa negociación.
- Retribuciones justas: una subida salarial "en línea" con la de los Letrados de la Administración (LAJ), de hasta 450 euros al mes.
Según asegura el responsable de CSIF, Javier Jordán: "Estamos hartos de hacer funciones que no nos corresponden, pero que además sirven para que la justicia funcione. Queremos que esas funciones se reconozcan de una vez por todas en la ley orgánica y que se nos retribuyan de manera justa. Queremos también participar en el proceso de modernización de la Justicia. Queremos que se negocie la Ley de Eficiencia Organizativa".
