El pasado 17 de octubre, Sánchez en defensa del Fiscal General del Estado supuestamente llamó a Alberto González Amador "delincuente confeso" justo un día después de que se hiciera pública la investigación de Álvaro García Ortiz, como presunto autor de un delito de revelación de secretos, por filtrar las conversaciones mantenidas entre el fiscal de delitos económicos, Julián Salto y la defensa de González Amador.
A raíz de estas polémicas declaraciones, este miércoles, el Presidente del Gobierno estaba citado para un acto de conciliación con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hasta hace apenas unas horas existía la posibilidad de ver a Sánchez junto a González Amador, en el juzgado de primera instancia número 98 de Madrid; sin embargo, y como era de esperar, el líder del PSOE no ha acudido.
¿Sánchez estaba obligado a acudir a este acto?
Lo cierto es que este acto de conciliación es un trámite procesal necesario para que la querella pueda ser admitida a trámite. Si el futuro querellante (González Amador) no presentara el acta con Sánchez o al menos, el acta de haberlo intentado, la querella no sería admitida.
No obstante, el Presidente del Gobierno no estaba obligado a acudir al acto a diferencia de González Amador, que, si quiere iniciar el proceso penal, debe acudir al mismo. Según afirma el abogado penalista de Bilbao, Jon Kepa Huertas de Amilibia, el acto de conciliación es una anomalía procesal en la jurisdicción penal, puesto que se desarrolla ante la jurisdicción civil a pesar de tratarse de delitos (calumnias e injurias).
Además, añade que al acto podrían acudir tanto el que pretende querellarse como un procurador en su representación. Señala que una vez terminado, se incluiría la documentación de este en la querella y se presentaría en el juzgado de guardia. La ley es clara en este sentido y otorga a las partes la posibilidad de conciliarse para evitar el procedimiento penal.
Ahora González Amador decidirá si finalmente presenta la querella
Según medios digitales, Amador continuará con el procedimiento y reclamará al Presidente del Gobierno 10.000 euros. No obstante, a pesar de ya haber finalizado la primera fase, será el juez de instrucción que por turno de reparto corresponda el que decidirá si deben o no investigarse las posibles injurias o calumnias, siempre y cuando, haya suficientes indicios de que Sánchez ha podido cometer un delito.
