El auto del juez Juan Carlos Peinado, en el que procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos, ha creado una nueva crisis institucional entre el Gobierno y el Poder Judicial. En la celebración del Consejo de Ministros de este martes, esa brecha se ha vuelto aún más evidente.
Uno de los más contundentes al pronunciarse sobre este asunto ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, que planteó una pregunta a la sociedad: "¿Estamos ante decisiones judiciales que refuerzan nuestra democracia?". Para el ministro, es fundamental que "en una democracia sana los espacios de impunidad" no existan. Esto, según ha detallado, conlleva que "los cargos públicos, sin distinción, y sus familiares" estén sometidos a la justicia y la ley.
Sin embargo, cuestiona: "Tan importante como eso, no sé si más, es que ni los cargos públicos ni sus familiares sean perturbados o perseguidos como consecuencia de serlo". Se pregunta entonces si "estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o estamos ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente".
A su juicio, de la respuesta a esa pregunta "depende en buena medida el presente y el futuro de nuestra democracia". El ministro continuó señalando que "es bueno que esta pregunta nos la respondamos todos, medios de comunicación, órganos judiciales que tienen que resolver en vía de recurso las decisiones que estamos viendo...". Así, "que todos y cada uno de nosotros nos preguntemos: ¿Estamos ante decisiones judiciales que refuerzan nuestra democracia, es decir, que persiguen la impunidad, o estamos ante decisiones judiciales que la debilitan? Esa para mí es la clave".
Sin embargo, no solo ha sido él quien se ha pronunciado sobre la decisión del juez Peinado. También lo ha hecho el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien este martes ha aludido a la comparación que el magistrado introdujo en su auto entre Pedro Sánchez y Fernando VII y ha comentado: "Afortunadamente, hoy España es un Estado de derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y por tanto tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho".
Bolaños ha ido más allá y ha recordado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva 11 meses investigando las quejas que él mismo ha presentado por las "irregularidades" del juez Juan Carlos Peinado en la instrucción del caso Begoña Gómez. "Quizá el Consejo General del Poder Judicial debiera ser consciente de que once meses después estas irregularidades que se están investigando deberían ir resolviéndose".
