El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, dejando fuera el delito de intrusismo profesional, que sí le atribuía en un principio.
Peinado decide archivar el presunto delito de intrusismo profesional "al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos".
Ha rechazado prorrogar más la investigación
El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.
La resolución, de 39 páginas, se produce a escasos cinco meses de la jubilación forzosa del juez, que se producirá en septiembre. Tanto la Fiscalía como la defensa de los acusados pidieron en la comparecencia celebrada el 1 de abril el sobreseimiento de la causa.
El fiscal reconoció que, "al menos, tras casi dos años de instrucción, sí que existe un relato fáctico y una imputación jurídicamente articulada", pero mantuvo que las diligencias no justifican continuar el procedimiento. El juez ha rechazado esa postura.
Según un auto, el juez concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas para que "insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales".
El instructor, que rechaza prorrogar la instrucción, descarta además que se aporte la vida laboral de Gómez o la actualización de los salarios percibidos por Cristina Álvarez, su asesora en el Palacio de la Moncloa, a la que también procesa, al igual que al empresario Juan Carlos Barrabés, los tres investigados en la causa.
