El Consejo de Ministros de este viernes estaba llamado a ser un trámite clave para aprobar el plan anticrisis derivado de la guerra de Irán. Sin embargo, lo que comenzó como una reunión ordinaria en el complejo de la Moncloa derivó en el episodio más tenso de la legislatura, marcado por un plante sin precedentes, negociaciones contrarreloj y un acuerdo cerrado in extremis tras más de dos horas de incertidumbre.
La cita estaba fijada a primera hora de la mañana, pero el ambiente ya venía cargado desde la noche anterior. Los ministros de Sumar llegaron al edificio donde se celebra el Consejo y comprobaron que el documento que se iba a someter a aprobación apenas había variado respecto al último borrador negociado telefónicamente. La falta de avances activó todas las alarmas en el socio minoritario del Ejecutivo.
A las 09:30, hora prevista para el inicio, los cinco ministros de Sumar, encabezados por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, optaron por no entrar en la reunión. Se retiraron a una sala contigua y formalizaron un plante que paralizó el arranque del Consejo y obligó a abrir un escenario de negociación urgente en el seno del Gobierno de coalición.
El pulso por la vivienda
A partir de ese momento, se desplegó una intensa ronda de contactos a varias bandas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversó directamente con Díaz, mientras otros interlocutores clave, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, trataban de acercar posiciones. Incluso se produjeron intercambios entre el jefe del Ejecutivo y el conjunto de representantes de Sumar.
El núcleo del desacuerdo giraba en torno a la inclusión de medidas sobre vivienda y sobre los márgenes empresariales en el decreto anticrisis. Desde Sumar defendían que ambas cuestiones eran irrenunciables y debían incorporarse de inmediato, sin aplazamientos. Su postura se mantuvo firme durante toda la negociación, elevando la presión sobre el ala socialista.
Entre los impulsores de las medidas figuró el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien, según fuentes de su formación, llegó a implicarse personalmente en la redacción del texto una vez que se vislumbró un posible acuerdo. Su papel fue clave para concretar los términos de las propuestas que desbloquearon la situación.
Finalmente, tras más de dos horas de conversaciones, el Ejecutivo logró cerrar un acuerdo que permitió iniciar el Consejo de Ministros. La solución adoptada consistió en dividir el contenido en dos decretos ley: uno centrado en el plan anticrisis, que incluye medidas de intervención sobre márgenes empresariales, y otro específico dedicado a vivienda.
Asegurar la aprobación
Desde el ala socialista defendieron que nunca se negaron a abordar medidas en materia de vivienda, pero consideraban que su inclusión en el mismo decreto podía ofrecer argumentos al PP para rechazar el conjunto del paquete. Por ello, apostaban por tramitar esas iniciativas en un texto separado o en fases posteriores.
Además, recordaron que el Gobierno ya había señalado en ocasiones anteriores que el plan anticrisis era un primer paquete susceptible de ampliación conforme evolucionaran las circunstancias. En su opinión, la estrategia pasaba por asegurar la aprobación inicial sin comprometer su viabilidad parlamentaria.
Sorpresa en el PSOE
No obstante, en el sector socialista reconocieron su sorpresa por la decisión de Sumar de no entrar en la reunión. Aunque asumían la existencia de discrepancias en el seno de la coalición, no anticipaban una escenificación tan visible del conflicto en un momento políticamente delicado.
En este contexto, interpretan el movimiento de Sumar como un intento de marcar perfil propio tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas, en un escenario en el que las tensiones internas y la necesidad de diferenciación se han intensificado.
El episodio se salda con acuerdo, pero deja al descubierto la fragilidad de los equilibrios dentro del Gobierno y anticipa nuevas fricciones en la gestión de futuras medidas. Lo ocurrido en Moncloa evidencia que la negociación permanente sigue siendo la clave, y también el principal foco de tensión, de la actual legislatura.
