En la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido su intención de elevar el gasto en defensa al 2,1% del PIB. Una cifra que se queda muy por debajo del 5% que exigen algunos con vehemencia algunos socios como Estados Unidos con Donald Trump.
Pero, ¿Qué suponen estas cifras en términos reales? Según un informe elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el impacto presupuestario de cada uno de estos escenarios es abismal.
2,1% del PIB (lo que propone Sánchez):
Supondría un gasto adicional de 9.400 millones de euros entre 2026 y 2028. Este es el escenario más conservador planteado y el que el Gobierno español considera factible dentro de sus márgenes fiscales.
3,5% del PIB (propuesta del secretario general de la OTAN):
Aumentaría el gasto en defensa en 55.800 millones de euros durante ese mismo periodo. Esta cifra incluye tanto el gasto básico en defensa como parte de las inversiones estratégicas en infraestructuras y seguridad.
5% del PIB (exigencia de Trump):
El salto sería mayúsculo: más de 107.000 millones de euros adicionales entre 2026 y 2028. Esta cifra representa el objetivo más ambicioso, y también el más polémico por su impacto en las finanzas públicas.
¿En qué punto está España ahora?
España fue en 2024 el país de la OTAN con menor gasto en defensa, con un 1,28% del PIB. Muy lejos del promedio de la Alianza, que ronda el 2,71%. No obstante, el país ha incrementado su inversión militar un 43,2% desde 2021, por encima de la media de crecimiento del 24,6% en la OTAN.
Según Sánchez, en 2025 se alcanzará el 2% del PIB, alineándose con el compromiso mínimo asumido por los aliados. Aun así, varios gobiernos de la OTAN consideran este esfuerzo insuficiente frente a las crecientes tensiones geopolíticas.
Desde Hacienda se advierte que alcanzar el 5% del PIB en gasto militar obligaría a recortes en el gasto social o a subir impuestos. Esto explicaría la cautela del Ejecutivo español a la hora de asumir compromisos más ambiciosos. Según Gestha, el margen fiscal del Estado hace inviable cumplir con las exigencias más duras sin afectar otras partidas clave.
