El Congreso abre el camino a que el Constitucional no pueda suspender a cargos públicos

Los votos del PSOE, de Unidos Podemos y de las formaciones nacionalistas han superado el rechazo del PP y de Ciudadanos y permitirán poner en marcha el proceso para derogar la última reforma de la ley del TC.

Una norma aprobada en 2015, en pleno auge del desafío soberanista catalán, gracias a la mayoría absoluta que entonces tenía el PP y cuya constitucionalidad ha avalado el propio Tribunal en una sentencia reciente.

La ley que se cuestiona es la que otorga al Constitucional potestad para obligar a la obediencia de sus resoluciones mediante la adopción de medidas cautelares y, singularmente, la suspensión en el ejercicio de sus funciones a los altos cargos que desobedezcan sus sentencias

Por el contrario, no saldrá adelante una iniciativa con idéntico objetivo presentada por el PDeCAT, la antigua Convergencia, dado que en este caso los socialistas ha preferido abstenerse y no se lograrán los votos suficientes para pasar el filtro del Congreso.

La iniciativa del PNV pretende también derogar la anterior reforma de esa ley, aquella que instauró el recurso previo de inconstitucionalidad en las reformas estatutarias, pero en ese apartado no tendrá éxito, pues los socialistas no están de acuerdo y ya han anunciado que presentarán enmiendas para eliminarla del texto.

Los portavoces que se han manifestado a favor de la toma en consideración han subrayado que la reforma convierte al Constitucional en un tribunal político y lo utiliza por miedo al debate soberanista en catalán.

Un reto que han puesto sobre la mesa tanto Lourdes Ciuró (PDeCAT) como Ester Capella (ERC), quienes han cerrado sus respectivas intervenciones con un mensaje claro: "O referéndum o referéndum".

El impulsor de la proposición de ley, Mikel Legarda, del PNV, ha advertido de las "graves consecuencias" que puede tener la aplicación de esta ley si no es derogada, consecuencias "desconocidas" hasta el momento y una "hecatombe" jurídica y política si se suspende a un cargo público y posteriormente esa sentencia es corregida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.