ondacero.es | Arantza Martín
Madrid | (Publicado 25.05.2020 12:29 )
Fuentes de la Guardia Civil han detallado a Onda Cero que el conflicto se originó cuando la Benemérita remitió a la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid por autorizar las manifestaciones del 8M, un informe en el que también se sugieren acusaciones contra el responsable de alertas sanitarias, Fernando Simón.
El informe fue realizado a requerimiento de la juez y este domingo, desde el Ministerio se pusieron en contacto con el coronel, quien explicó a un alto cargo de Interior que, actuando como Policía Judicial, la Guardia Civil no podía entregar ese informe al ministro, sino sólo a la jueza que se lo pidió.
En el Ministerio admiten que la destitución tiene que ver con la investigación del 8M, aunque sólo quieren admitir de momento, discrepancias sobre su desarrollo.
El informe, según se ha publicado, atribuye a Fernando Simón una alta responsabilidad en que se suspendiera un congreso evangélico que se iba a celebrar en Madrid. Responsabilidad que habría adquirido en una reunión el 5 de marzo y sin embargo, con los mismos datos, permitió la manifestación del 8M.
Pérez de los Cobos coordinó el dispositivo policial con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, ya que en ese momento era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
"Pérdida de confianza" y de momento no hay más explicación oficial. Lo cierto es que las relaciones con el que fue el responsable del dispositivo policial del 1-O en Cataluña no han sido buenas con el equipo del ministro Marlaska.
El coronel Pérez de los Cobos ha permanecido 26 meses como máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid. Un hombre bregado en la lucha contra el terrorismo, aunque su tarea más sensible fue la coordinación policial ante el desafío independentista, lo que le convirtió en el "enemigo" a ojos de los independentistas catalanes. Una sensación que se acrecentó tras su declaración en el juicio del 'procés'.
Este domingo, el ministro del Interior protagonizó una nueva polémica tras ser acusado por el PP de beneficiar al etarra Íñigo Gutiérrez Carrillo -preso en la cárcel de Picassent (Valencia)- que se desplazó a la cárcel desde el País Vasco.
Los populares publicaron un mensaje en redes sociales en el que señalaron que el preso de ETA es uno de los "beneficiarios" del pacto entre PSOE y Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 porque "el estado de alarma por el coronavirus limita la libertad de movimiento y las visitas a presos".
"Entonces Marlaska autoriza a tu familia a viajar, visitarte en la cárcel y hasta llevarte regalos", ha denunciado la cuenta del PP.