Así consta en el auto dictado por la jueza Rosa María Freire en el que, a instancias de la Audiencia de Madrid, admite a trámite las querellas de IU, Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad contra el PP y contra su tesorera, Carmen Navarro.
En este auto, notificado este lunes a las partes pero que se dio a conocer el viernes pasado, la jueza cita a declarar a Navarro como investigada el día 4 de febrero y a Luis Bárcenas; al abogado del PP Alberto Durán; a la secretaria de Bárcenas, Estrella Domínguez, y al jefe de Seguridad del PP, Antonio de la Fuente, como testigos un día antes.
Asimismo, cita a declarar al jefe de Informática del PP en el momento de los hechos, Javier Barrero, como investigado por un posible delito de encubrimiento, como pidió la Asociación Observatoria de Drets Humans (DESC).
A la empresa Universomac Madrid se le pide toda la documentación y el nombre de las personas que trabajaron sobre el ordenador de Luis Bárcenas en octubre de 2012.
La jueza reclama además al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional -el primero que conoció el caso- que le envíe el escrito de personación del PP en la causa, el auto por el que ese partido fue expulsado como acusación particular, el auto por el que se acordó la prisión para Luis Bárcenas.
También solicita información sobre la investigación sobre la supuesta caja B del PP y, entre otros documentos, el auto de agosto de 2013 por el que se pidió al PP la entrega de los ordenadores y los escritos del PP cuando los entregó.
Con este auto, se reabre la investigación sobre el borrado de los ordenadores de Bárcenas, archivado por la antecesora de Rosa María Freire en el juzgado "sin practicar diligencia de investigación alguna", como puso de manifiesto la Audiencia Provincial.
El procedimiento se inició a raíz de una querella por daños informáticos y encubrimiento presentada por una acusación del caso Bárcenas liderada por IU ante el exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien remitió las actuaciones a los juzgados de plaza de Castilla.
Una vez que la jueza del 32 archivó la causa, ésta estuvo perdida durante más de un año sin que nadie se apercibiera, de modo que tuvo que ser reconstruida.
