Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la magistrada titular de Instrucción Número 32 de Madrid ha citado también a declarar el día 3 de febrero a Bárcenas y a su secretaria Estrella Domínguez, al jefe de Seguridad de la sede del PP en el momento de los hechos, Antonio de la Fuente y al abogado del PP. Todos ellos como testigos.
Estas declaraciones se producirán después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase la reapertura del caso al estimar los recursos presentados por IU, la Asociación Justicia y Sociedad, Los Verdes, así como UPyD contra la decisión de sobreseimiento provisional.
Los magistrados entienden que "el archivo provisional se adoptó sin practicar diligencia de investigación alguna" sobre los hechos, lo que le impide disponer de información contrastada para dirimir el caso.
Y señalan que "lo jurídicamente decisivo es averiguar la titularidad de los ficheros almacenados en los soportes destruidos", así como hallar a los responsables que destruyeron los discos duros de los ordenadores.
Con la reapertura de esta investigación, la Sala pretende que se averigüe "quién, en la organización del PP, ordenó o acordó la destrucción de los discos duros utilizados por el Sr.Bárcenas, la cual se produjo en un momento temporal en el que era público y notorio, dado su impacto mediático, que el mismo estaba siendo sometido a investigación penal por graves delitos cometidos con ocasión del desarrollo de su actividad laboral".
Por su parte, los populares afirman en un comunicado que la tesorera, al igual que el resto de los citados, "ratificará que los ordenadores con los que supuestamente trabajaba Bárcenas no contenían información puesto que, como él mismo dijo, cambió y se llevó el disco duro".
Y que la información que había en dichos ordenadores estaba contenida en el pendrive que entregó al exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, tal y como consta en su declaración judicial del 15 de julio de 2013.
El PP afirma que siempre ha actuado y actuará en colaboración con la justicia y conforme a la ley y añade que Izquierda Unida ha dirigido su acusación contra la tesorera "exclusivamente en razón del cargo que ocupa".
