La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha admitido la personación de Ceuta como acusación particular, por su condición de perjudicada, en la causa en la que investiga la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma.
Este lunes, la jueza acordó que la Audiencia Nacional investigará la crisis migratoria al tratarse de "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".
Tras abrir la causa, Tardón ha confirmado en un auto la personación de Ceuta al considerar que la ciudad autónoma cuenta con la condición de perjudicado "por los graves hechos que han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes".
De esta forma, la jueza accede a la solicitud de los letrados de los servicios jurídicos de Ceuta, que solicitaron personarse como acusación particular en calidad de perjudicada y víctima de los hechos investigados.
Además, también están personadas como acusaciones populares Iustitia Europa, PP, Vox y Hazte Oír, entre otros, que deberán agruparse en torno a una presentación.
Ataque a la integridad territorial de España
Tras analizar la crisis migratoria, la Audiencia Nacional señaló que existía "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" que "se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad" del país magrebí.
Tardón asume la competencia al tratarse de presuntos delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal.
La instructora abrió diligencias previas tras una denuncia de la organización Iustitia Europa y tenía que resolver sobre su competencia, para lo que había pedido opinión a la Fiscalía, que se mostró partidaria de que asumiera la causa al entender que "los efectos más relevantes" de lo sucedido "se produjeron en territorio español" y que la Audiencia Nacional está capacitada para "afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".
