El juez del 1-O pregunta por qué las facturas de Unipost están anuladas y no figuraban en la administración concursal
Se trata de las cinco facturas por los envíos postales del referéndum, de las que la empresa intentó cobrar una y fue rechazada.
El juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha solicitado a la Guardia Civil que investigue por qué las facturas intervenidas en el registro de la empresa Unipost sobre gastos destinados al 1-O --correspondientes a las Consellerias de Presidencia, Vicepresidencia, Cultura, Salud y Trabajo y que ascendían a 979.661,96 euros-- fueron anuladas y no figuran en la contabilidad concursada de dicha empresa.
Se trata de aclarar, según detalla Ramírez Sunyer en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, una contradicción resultante de las últimas pesquisas practicadas, ya que la administración concursal señaló en un informe que las cinco facturas cuestionadas figuran como no cobradas en una fecha determinada mientras que testigos afirmaron ante el juez que se intentó su cobro de parte de lo adeudado unas semanas después.
Estos testigos constataron, y también lo acreditó la Guardia Civil en un informe obrante en la causa que existieron dos intentos de cobro para el importe de 238.965,37 euros --que coincide con el importe con IVA-- que Unipost tenía confeccionada para el departamento de Trabajo.
Tras ello el juez pidió un informe de la administración concursal de la mercantil Unipost SAU que fue contestado el pasado 18 de septiembre, en el que se dice que las facturas "no figuran como cobradas ni compensadas, y tampoco se incluyeron en la relación de créditos de dudoso cobro ni serán objeto de reclamación "puesto que son facturas anuladas" y no figuran en la contabilidad concursada.
La administración concursal aportó al juzgado copia de las anulaciones de las cinco facturas con la misma fecha de emisión, el 7 de septiembre de 2017, lo que según el auto del juez Ramírez Sunyer "resulta manifiestamente contradictorio" con el hecho de que los días 18 y 20 de septiembre de ese mismo año se pretendiese su cobro, como así ha sido reconocido por diversos testigos en la causa.
Por ello, el pasado cinco de octubre el juez remitió oficio a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil a la que en su día se encomendaron las investigaciones relacionadas con esta causa "a fin de que procedan a averiguar los motivos de tales contradicciones recibiendo, si fuese necesario, declaración en calidad de testigo de la administradora concursal, Eulalia Folguera.