El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, el magistrado David Maman, ha acordado la incoación de sumario para juzgar a José Ángel González, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.
El exalto cargo policial está siendo investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual, un procedimiento que se inició a raíz de una querella presentada por una inspectora de la propia Policía Nacional, quien también denunció supuestos delitos de coacciones.
En su auto, el magistrado fundamenta que los hechos denunciados "revisten los caracteres de una presunta agresión sexual" y añade que es procedente acordar la apertura del sumario para averiguar y hacer constar la perpetración del delito, evaluar las circunstancias que influyan en su calificación, asegurar la disponibilidad del presunto autor y dirimir las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse del caso.
Al dar este paso, el instructor ha comunicado formalmente la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, que será el órgano competente para celebrar el juicio.
Audios e informes médicos, entre las pruebas aportadas
La decisión del instructor se ha adoptado tras la práctica de las primeras diligencias de investigación solicitadas por Jorge Piedrafita, el abogado que ejerce la acusación particular en representación de la inspectora.
Entre los elementos clave que ya se han incorporado a la causa destacan informes médicos y psicológicos que detallan los daños sufridos por la denunciante y audios aportados por la acusación con el objetivo de demostrar que el exDAO ejerció su derecho a mentir en su condición de investigado, buscando así reforzar la verosimilitud del testimonio de la víctima.
Tras dictar el auto, el juez ha concedido un plazo de cinco días a la Fiscalía y al resto de las partes personadas para que soliciten la práctica de las diligencias adicionales que consideren oportunas.
Adicionalmente, el letrado de la acusación particular ya ha anunciado que aportará más pruebas que tienen en su poder dentro del plazo legal, con el fin de sustentar el relato de los hechos de la víctima.
