Esta petición al alto tribunal se produce a instancias de su formación política, que a su vez ha dirigido otro escrito al Congreso para informar de que propone a Sànchez para este trámite.
En el escrito al Supremo, la defensa se remite al artículo 99 de la Constitución que establece la obligación al Rey de proceder a "consultar a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria".
Al respecto, señala que Junts per Catalunya ha designado a Sánchez "como no podría ser de otra manera, en la medida que fue el cabeza de lista de dicho grupo político en las pasadas elecciones".
Y en base a ello solicita a la Sala "la concesión de un permiso extraordinario" para que pueda acudir a la consulta en virtud de "la excepcionalidad del momento en que esta consulta tiene que celebrarse, que no es otro que los prolegómenos que la Constitución prevé para proceder al tan relevante momento constitucional que significa la investidura de un presidente de gobierno".
El propio Sànchez reivindicó en Twitter su derecho a tomar parte de esta ronda de consultas con Felipe VI: "Por respeto a las reglas de juego democrático y a la ciudadanía, no hay motivo para excluirme. Iré sin resentimiento ni reproches, pese a los casi 600 días en prisión. Iré para ofrecer diálogo a partir del que defendemos: la autodeterminación y la república".
Con todo, la decisión depende de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien debe ir primero a ver al rey e incluir o no a al dirigente independentista en su lista de contactos, una decisión que no está del todo claro, según fuentes consultadas por Efe.