La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado el texto como un avance clave de un Gobierno "profundamente feminista" que cree en políticas transformadoras. En la rueda de prensa posterior al Consejo, ha destacado que el anteproyecto "pretende profesionalizar la actividad de todas aquellas personas que están desarrollando funciones en materia de igualdad" y dar "seguridad jurídica" al sector, garantizando la calidad de los servicios.
Título universitario obligatorio
Para ejercer como agente de igualdad será preciso un título profesional habilitante, ligado a un grado en estudios de género, feministas o políticas de igualdad, o un máster oficial que el Gobierno impulsará desde el Ministerio de Ciencia y el Instituto de las Mujeres.
Estos estudios se centrarán en el análisis de desigualdades, evaluación de planes y formación en igualdad.
Redondo ha insistido en poner en valor la "capacitación técnica de los agentes de igualdad" y evitar el intrusismo profesional que ya existe.
Funciones exclusivas reservadas
Los agentes diagnosticarán discriminaciones, diseñarán planes obligatorios en empresas con más de 50 trabajadores, supervisarán protocolos contra el acoso y asesorarán en políticas públicas de igualdad. La norma reserva estas competencias a titulados, asegurando estándares uniformes en el sector público y privado.
Periodo transitorio de diez años
Se establece una transición de diez años para quienes ya ejercen: bastará con tres años de experiencia continua (o cinco discontinuos), más FP superior o estudios relacionados en género. La medida equilibra la profesionalización con la integración de perfiles activos, aunque despierta debate sobre su alcance.
