El Gobierno ultima el nuevo decreto ley de vivienda que pretende llevar este martes al Consejo de Ministros, pero el acuerdo con sus socios sigue sin estar cerrado. El último borrador incluye la suspensión de los desahucios de personas vulnerables hasta finales de 2028, endurece las condiciones de los alquileres temporales e incorpora bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos.
El Ejecutivo ha introducido en el texto algunas de las exigencias planteadas por los grupos cuyos votos necesita posteriormente para convalidarlo en el Congreso. Sin embargo, Junts advierte ahora de que el último borrador se aleja del pacto que parecía próximo y reclama al Gobierno que rectifique.
La formación catalana lamenta que se pretendan modificar hasta 34 artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que considera que convierte la propuesta en una suerte de "decreto ómnibus". Además, cree que algunas de las medidas incluidas dejan insuficientemente protegidos a los pequeños propietarios en casos de impago o cuando se suspende un desahucio.
"Nosotros queremos que haya acuerdo. Por nosotros no quedará, estamos dispuestos a continuar hablando hasta el final para encontrar un texto que dé respuesta a los problemas reales de vivienda", aseguran fuentes de Junts, que insisten en que "aún estamos a tiempo" de alcanzar un pacto.
Desahucios de personas vulnerables suspendidos hasta 2028
Una de las principales medidas recogidas en el borrador pasa por suspender hasta el 31 de diciembre de 2028 los procesos de desahucio que afecten a personas en situación de vulnerabilidad económica y que carezcan de una alternativa habitacional.
El decreto comenzó a negociarse después del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años y con discapacidad que tuvo que abandonar la vivienda del madrileño barrio de Retiro en la que había residido durante siete décadas.
El texto también plantea endurecer las condiciones aplicables al alquiler temporal y recoge medidas relacionadas con las prórrogas de los contratos de arrendamiento.
En concreto, el borrador pretende amparar las solicitudes de prórroga formuladas al abrigo del anterior decreto impulsado por Sumar, que contemplaba extender determinados contratos durante dos años pero que terminó siendo derogado por el Congreso.
Bonificaciones fiscales para tratar de conseguir el apoyo de Junts
El Gobierno también ha incorporado al borrador bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos, una de las demandas planteadas por Junts durante las negociaciones.
Sumar había mostrado sus reticencias a este tipo de incentivos al considerarlos ineficaces, aunque fuentes del socio minoritario del Ejecutivo admitían estar dispuestas a aceptarlos ante la compleja aritmética parlamentaria y la importancia de los votos de la formación catalana.
Sin embargo, las concesiones no han sido suficientes por ahora para cerrar el acuerdo. Junts considera que el último borrador modifica en exceso la Ley de Arrendamientos Urbanos y critica que algunas medidas dan "por buenas las ocupaciones, dejando sin protección a los pequeños propietarios y dejándolos al mismo nivel que los fondos buitre".
La formación también reclama una mayor protección para el propietario cuando se produce un impago o se suspende un procedimiento de desahucio.
El Gobierno elimina la reforma de la Ley del Suelo que rechazaba Podemos
El Ejecutivo también ha introducido cambios para intentar conseguir el respaldo de Podemos. El partido había exigido que desapareciera del decreto la reforma de la Ley del Suelo que figuraba en una versión anterior que finalmente nunca llegó a aprobarse en el Consejo de Ministros.
El último borrador cumple esta exigencia y elimina cualquier referencia a esa reforma.
Sin embargo, el texto tampoco recoge otra de las principales reivindicaciones planteadas desde la izquierda: convertir en indefinidos los contratos de alquiler, una propuesta defendida por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por Sumar.
La izquierda mantiene la presión sobre el PSOE
Las diferencias tampoco están resueltas dentro del bloque de izquierdas. Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG han reclamado que el decreto sea "exigente" y "valiente" y han aumentado la presión sobre el ala socialista del Gobierno.
La ministra de Sanidad, Mónica García, había reconocido que el acuerdo todavía estaba "lejos", aunque las posiciones se estaban acercando con el paso de las horas. Para Sumar, el caso de Maricarmen ha supuesto un "punto de inflexión" y considera que ya no caben "medias tintas".
Entre sus principales demandas figuran una prórroga reforzada de los contratos de alquiler, la regulación del alquiler de habitaciones y una mayor protección frente a los desahucios. Sumar tampoco renuncia a impulsar la expropiación del piso de Maricarmen, aunque dentro del espacio asumen que resulta complicado que esa medida llegue al Consejo de Ministros de este martes y plantean tramitarla mediante un decreto separado.
El Gobierno pide a sus socios que abandonen las "líneas rojas"
Ante las posiciones enfrentadas, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido a las distintas formaciones que abandonen sus "líneas rojas" para alcanzar "un gran texto".
"Todos tenemos que ser conscientes de que hay un valor por encima de todo, que es ayudar a los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, que es no permitir que en nuestro país volvamos a ver situaciones como la de Maricarmen. Todos tenemos que ceder", ha señalado.
El Ejecutivo mantiene su intención de negociar "hasta el último momento". Hacienda reconoce que existe "un gran margen de avance", también en materia fiscal, pero advierte de que ninguna de las partes podrá conseguir que todas sus reivindicaciones aparezcan en el texto definitivo.
Con el Consejo de Ministros previsto para este martes, las negociaciones entran así en sus horas decisivas con un borrador más definido, pero todavía sin garantías de que el Gobierno disponga de los apoyos necesarios para convalidarlo posteriormente en el Congreso.

