La Fiscalía solicitará la reactivación de las euroórdenes contra Carles Puigdemont y el eurodiputado de JxCAT, Toni Comín, una vez llegue el momento procesal oportuno.
Según adelantan a Onda Cero, los fiscales del procès se han reunido y deliberado sobre el escenario que se abre tras el fallo del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que ha retirado la inmunidad al expresidente catalán y han decidido que pedirán al juez Pablo Llarena que vuelva a emitir las euroórdenes por delitos que tras la reforma del código penal ya no incluye el delito de sedición.
El propio Llarena espera el informe de la Fiscalía al respecto, pero el Ministerio publico aguarda a que juez del Supremo le dé traslado de la resolución y puedan examinarla para comprobar que no hay obstáculos a esa petición.
La otra eurodiputada a quien le han retirado también la inmunidad, Clara Ponsatí, solo está procesada por desobediencia por lo que no se dicta una euroorden al ser un delito que no implica penas de prisión, solo de inhabilitación.
Corresponde a la Fiscalía y a la acusación particular, aquí la Abogacía del Estado, pedir al juez que curse nuevas euroórdenes contra los líderes independentistas fugados por los delitos de malversación agravada y desobediencia, toda vez que Llarena descartó calificar los hechos de desórdenes públicos cuando actualizó su situación procesal tras la reforma penal que derogó la sedición.
Además de los eurodiputados, la Fiscalía también puede pronunciarse sobre el exconseller Lluis Puig, el único que no estaba blindado por la inmunidad, por lo que ya se podía haber pedido una orden europea de detención, si bien las fuentes explican que estaban esperando el fallo de Luxemburgo para decidir sobre el conjunto de los fugados.
Serán los fiscales del procés los que estudien el fallo de la Justicia europea, estos son, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno.
Los dos escenarios posibles
Desde el Supremo, donde el fallo ha sido bien acogido, el juez Pablo Llarena espera a conocer la posición de la Fiscalía y la Abogacía antes de actuar, ya que él tiene dos escenarios posibles.
El más probable es que emita una nueva orden de detención europea a petición de la Fiscalía y la Abogacía por los delitos de malversación y desobediencia, sin esperar a impugnaciones ni recursos ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
El menos plausible es que espere a que la sentencia del TGUE sea firme para poder cursar la euroorden, un proceso que si la defensa del expresident apura los plazos de dos meses y diez días para interponer el recurso, como es de esperar, dilataría la resolución definitiva hasta, al menos, marzo de 2024.
Sea como fuere, es probable que Bélgica, cuyas autoridades judiciales han dado más de un revés a los jueces españoles, espere a que el fallo sea firme antes de tomar una decisión.
