El abogado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado el sobreseimiento de la causa abierta en el Tribunal Supremo por la supuesta filtración del pacto de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ante un supuesto delito de fraude fiscal.
Según el escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal y al que ha tenido acceso Europa Press, la investigación no aporta pruebas incriminatorias directas contra García Ortiz, pero sí "abundante material exculpatorio".
El abogado del máximo representante del Ministerio Público asegura que el procedimiento "obedece a una estrategia procesal cuidadosamente dirigida a presentar una versión deformada de los hechos". Además, añade, "la querella suprime de forma deliberada toda circunstancia que pudiera desmentir o matizar el relato incriminatorio que pretende sostener, presentando al querellante como un simple particular, cuando era una persona con notoriedad pública, derivada de su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid".
Por eso divulgó la información sobre las comunicaciones previas mantenidas con la Fiscalía de delitos económicos que "fueron parte esencial, mediante su manipulación y presentación sesgada, a la intensa actividad mediática e institucional que se desplegó la noche del 13 de marzo de 2024; omisiones que buscan desplazar artificialmente la sospecha" hacia García Ortiz.
Apunta al novio de Ayuso y su entorno como origen de la filtración
En el documento, que detalla los hechos cronológicamente, se subraya que la información "ya había sido conocida, transmitida y contrastada" por periodistas y terceras personas al menos 24 horas antes de que García Ortiz accediera a la misma.
Igualmente, insiste en que "no existe constancia alguna" de que el fiscal participara en la difusión a medios de comunicación de los correos electrónicos. Si bien, apunta a personas próximas a González Amador, entre ellas el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Supuestamente, habrían remitido a periodistas mensajes, imágenes y fragmentos de los correos antes de la supuesta filtración atribuida a Álvaro García Ortiz.
Asegura que no hay relevancia penal
El escrito también señala en que no hay relevancia penal en los hechos investigados porque según la doctrina del Tribunal Supremo, la información deja de ser secreta cuando se divulga a profesionales de la información. Por ello, la participación del fiscal general sería "atípica" porque cuando conoció la información ya era de "dominio público".
Sobre el borrado de mensajes que hizo García Ortiz, su abogado manifiesta que "es una actuación legítima y escrupulosa con el derecho a la protección de datos y no constituye en ningún caso indicio de autoría de delito alguno".
Por todo ello, la defensa solicita el archivo definitivo de la causa y descarta cualquier participación del Fiscal General en hechos delictivos, recalcando que la instrucción no solo no ha conseguido probar la acusación, sino que ha acreditado la circulación previa de la información por vías ajenas a la Fiscalía General del Estado.
