El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abogado por "armar una unidad de criterio" en la causa de Tsunami Democràtic y la posible investigación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por terrorismo, en la que el ministerio público todavía no ha tomado una decisión firme.
La Junta de Fiscales de Sala acordó ayer investigar por terrorismo a Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic, como propone el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, al rechazar el borrador del fiscal de ese tribunal, Álvaro Redondo, que pedía lo contrario.
Una vez rechazado ese informe, se abre un escenario complicado porque la Fiscalía del Supremo aprecia terrorismo frente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que descarta de plano que los hechos ocurridos tras conocerse la sentencia del procés en octubre de 2019 sean constitutivos de este delito.
Ahora, será la teniente fiscal del Supremo y número 2 de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, la que deberá resolver si el Ministerio Fiscal propone al alto tribunal investigar por terrorismo a Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic, ante las discrepancias en el seno de la carrera fiscal.
De esta manera, la teniente fiscal del Supremo deberá definir el posicionamiento de la Fiscalía después de que ayer los dos fiscales jefes del Supremo votasen de manera distinta, hecho que les incapacita para asumir el nuevo informe.
García Ortiz se ha reunido este miércoles en Barcelona con el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, en medio de esta polémica, y posteriormente ha presidido la Junta de fiscales en la Ciudad de la Justicia, en su primera visita a una comunidad autónoma tras ser nombrado fiscal general del Estado.
En una comparecencia ante los medios en la Ciudad de la Justicia, García Ortiz ha defendido que la Fiscalía española "debe armar" esa "unidad de criterio": "Cuál sea, ya la definiremos, pero evidentemente tenemos una discrepancia entre dos fiscales jefe que debe resolver la jerarquía", ha precisado.
Ha recalcado, en este sentido, que "esta discrepancia, este conflicto" debe resolverse a través de los órganos estatutarios, y ha pedido que se deje "trabajar en paz" a la número dos de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, en su "muy difícil encargo de resolver las controversias".
García Ortiz ha dejado claro además que él, desde su cargo como fiscal general del Estado, no puede "interferir" en esta controversia, y tampoco ha querido entrar a valorar las manifestaciones de algunos miembros del Gobierno en contra de que pueda investigarse a Puigdemont por terrorismo.
"Yo no voy a dar opiniones. El fiscal general no esta para opinar públicamente. Está para amparar a los compañeros para que puedan trabajar con tranquilidad", ha argumentado.
El fiscal general también se ha referido a la entrevista que ha concedido hoy en Onda Cero el fiscal Salvador Viada, que ayer participó en la junta y que ha denunciado que las discrepancias entre los dos fiscales jefe del Supremo supusieron "un 155 encubierto".
Para García Ortiz, "es sorprendente que alguien que ha participado en una junta de fiscales pueda ir a un medio de comunicación a revelar lo que allí había ocurrido. Es un hecho sorprendente y que nos debe hacer reflexionar a todos", ha dicho.
Ha reclamado en este sentido que se eviten las filtraciones, que ha calificado como una "traición a la privacidad y al compañerismo", y ha negado de nuevo que conociera la existencia de un borrador anterior del fiscal Redondo, distinto al que se presentó ayer: "Yo no miento", ha subrayado.
Respecto al número de causas que serían susceptibles de beneficiarse por la ley de amnistía, no ha querido aventurar cuantas serían, puesto que, ha explicado, se está todavía en fase de recopilación de lo que envían las fiscalías provinciales.
