El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha depositado la fianza de 150.000 euros que le impuso el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado con vistas al juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz ha cubierto la fianza con parte de su patrimonio, puesto que no disponía de tal cantidad de dinero en metálico. Fuentes jurídicas han contado a Onda Cero que ha avalado dicha fianza con "un bien inmueble en garantía" a pesar de que ha habido ofrecimiento de terceras personas para correr con los gastos.
Ahora, el alto tribunal deberá corroborar que esos bienes alcanzan a avalar la fianza, dispuesta para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos.
Después de consignar esta fianza el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha rectificado la fianza impuesta al fiscal general del Estado, al descontar la eventual multa que se le pudiera imponer, por lo que la rebaja de 150.000 a 75.000 euros.
Con todo, el fiscal general tiene previsto recurrir la fianza ante la Sala de lo Penal porque considera esa cantidad excesiva.
Todo lo contrario que González Amador, quien ya ha presentado un recurso contra la decisión del magistrado al considerar que no puede ser inferior a 300.000 euros porque "jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general".
Por tanto, "siendo la lesión continuada y actualizada diariamente con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen, la indemnización de los continuos perjuicios morales no debe valorarse en un importe inferior a 300.000 euros".
