Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla, que trata casos de violencia machista, ha recibido un escrito del abogado de la mujer, pero sin que haya constancia de que se trate de una denuncia.
El escrito está pendiente de que lo estudie la jueza titular, Juana Cortés, según estas fuentes.
El consejero fue denunciado el pasado 29 de octubre por su pareja, en un caso que lleva este juzgado, sin que se hayan decretado medidas cautelares ni orden de alejamiento contra él, aunque la oposición en la Asamblea de Melilla ha reclamado que sea apartado del cargo en espera de un pronunciamiento judicial.
El abogado del consejero, Luis Alpuente, ha asegurado a Efe que en el escrito el representante legal de la esposa comunica al juzgado que el pasado 31 de diciembre González accedió al domicilio con ayuda de un cerrajero cuando su pareja estaba fuera de Melilla.
Alpuente ha afirmado no se trata de una denuncia y ha subrayado que su cliente puede entrar en la vivienda, puesto que no existe orden judicial alguna en contra.
Asimismo, ha indicado que su cliente entró para retirar "enseres personales" en la casa en la que residen su mujer y el hijo de ambos por "un acuerdo mutuo", ya que ni siquiera está iniciado legalmente un proceso de separación o divorcio en el que una autoridad judicial haya establecido que el marido debe abandonar el domicilio.
Por su parte, Isidoro González ha declarado a Efe que no se ha presentado ninguna nueva denuncia contra él después la que formuló su mujer en octubre y ha señalado que acudió a la vivienda a "recoger cosas personales".
El consejero ha apuntado que requirió los servicios de un cerrajero porque se había cambiado la cerradura, sin que exista una resolución judicial que le impida el acceso.
El momento en que el cerrajero utilizaba una máquina cortadora para abrir la puerta fue grabado en vídeo por vecinos desde un edificio cercano y difundida la grabación por redes sociales.
González ha manifestado sentirse "hundido" por la transcendencia pública de la denuncia presentada hace dos meses al tratarse de un político, ya que no se ha iniciado "ningún tramité judicial" contra él y a su juicio todo debería quedar "en el ámbito familiar".
La oposición en la Asamblea melillense, integrada por Coalición por Melilla, PSOE y Ciudadanos, reclamó tras conocerse la denuncia en octubre que el consejero fuera apartado de sus funciones mientras se pronuncia el juzgado.
El presidente de la ciudad, el popular Juan José Imbroda, decidió mantener al titular de Seguridad Ciudadana al no haber decretado medidas contra él ni la Policía ni la jueza.