El desahucio de Maricarmen ha provocado una oleada de protestas que se han hecho visibles este fin de semana, donde miles de personas se han movilizado en protesta por los problemas de vivienda.
Una movilización que ha acabado con la acampada en Sol de cientos de manifestantes, que solicitan medidas urgentes para que el caso de la vecina de 87 años no se repita. "Ni una Maricarmen más", es el lema utilizado por el Sindicato de Inquilinas durante las protestas.
La tensión, que ha sido visible contra la Comunidad de Madrid y el Gobierno, también se ha trasladado a Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen. En una entrevista para elEconomista, Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, asegura haber recibido presiones y amenazas durante el conflicto.
Las propuestas de Urbagestión a Maricarmen
Uno de los asuntos más controversiales en el caso ha sido el supuesto rechazo de la empresa a las propuestas planteadas por el sindicato para que Maricarmen pudiera continuar en su vivienda.
Según explica Alonso, dichas acusaciones son inciertas, asegurando que se creó "un escenario de máxima desconfianza" con comportamientos que perseguían otros fines y una fuerte politización.
Y es que Urbagestión planteó a finales del año 2023 una primera propuesta donde se establecía un descuento del 50% del precio del alquiler dadas las rentas de la vecina. Una propuesta que, tal y como detalla el propietario, fue rechazada alegando que la empresa pedía "una renta desorbitada".
Respecto a las ofertas de particulares, Ricardo Alonso afirma que todas ellas llegaron llegaron tarde y de forma verbal durante el lanzamiento o por redes sociales. Algo que no ocurrió con Casa 47, adjunto al Ministerio de Vivienda. Según explica en la entrevista, la entidad estatal propuso en un primer momento la compra de la vivienda, aunque luego fue descartada, para acabar presentando la opción de que la inquilina abonase la mitad de la renta y ellos la otra mitad hasta un tope de 900 euros.
No obstante, la idea nunca fue presentada formalmente por escrito ni explicaron los mecanismos del contrato, por lo que Alonso explica que "no se pudo evaluar". Tras ello, el propietario denuncia "un ataque cibernético masivo" que saturó los sistemas informáticos y correo electrónico de la empresa, "difundiendo direcciones en medios públicos e incitando al acoso".
Una campaña impensable
Además de ofrecer declaraciones para elEconomista, el propietario de Urbagestión ha atendido a Espejo Público para explicar la situación. Preguntado sobre el por qué la propuesta llega tras la campaña, Alonso asegura no que se esperaba este revuelo mediático. "Era impensable esta campaña, si no nadie se atrevería a hacer esto", ha declarado.
A su juicio, el caso de Maricarmen ha seguido un interés que va más allá de la vivienda. "Hubo un par de situaciones para negociar pero rápido llego la desconfianza. Se perseguía otro tipo de intereses, no teníamos ni idea del perfil del sindicato. Había intencionalidad de otro tipo y no era fácil la interlocución", subraya Ricardo Alonso, remarcando una campaña con información falsa por redes sociales al día siguiente de entablar conversación con el sindicato.
Las alternativas para el regreso de la vecina
Ahora, Urbagestión asegura estar abierta a negociar un nuevo contrato de alquiler para Maricarmen a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Ricardo Alonso, propietario de la compañía, asegura para elEconomista que la decisión responde a la voluntad de buscar una solución a la situación de vulnerabilidad de la inquilina.
La empresa estudiará la propuesta municipal de establecer una renta de hasta 580 euros mensuales, aunque Alonso señala que las condiciones económicas deberán analizarse y que la cantidad no compensaría los más de 1.000 euros mensuales de hipoteca que, según afirma, soporta la sociedad.
A su juicio, los servicios sociales y la representación de Maricarmen deberán aportar información sobre sus ingresos, necesidades y posibles recursos para que la negociación pueda desarrollarse "de forma transparente".
Urbagestión había planteado inicialmente un usufructo temporal sin alquiler, pero los servicios jurídicos municipales descartaron esa fórmula dentro del programa ReViva y derivaron el caso al servicio de intermediación de la EMVS.
La negociación con la EMVS abre ahora una nueva etapa en el conflicto, con el precio y las condiciones del eventual contrato todavía por determinar. No obstante, para Alonso el caso ha adquirido una "dimensión política" que excede el conflicto concreto entre la propiedad y la inquilina.
