La lucha contra el narcotráfico en el sur de España se libra en condiciones cada vez más desiguales, según denuncian agentes destinados en el litoral de Cádiz y Huelva, que advierten de un incremento de medios, capacidad operativa y violencia por parte de las organizaciones criminales.
"El Estado no está ganando", afirma Agustín Domínguez, secretario provincial del sindicato JUCIL en Cádiz, en declaraciones a La Brújula, donde señala que los datos reflejan un aumento de la droga en circulación, una bajada de precios —indicativa de mayor oferta— y un crecimiento del número de embarcaciones dedicadas al narcotráfico, con jornadas en las que pueden operar cerca de un centenar en el mar.
Más violencia y armamento de guerra
Uno de los factores que más preocupa a los agentes es el repunte de la violencia. Según Domínguez, la presencia de armas de guerra se ha vuelto habitual en las intervenciones, con ejemplos como kalashnikovs y armamento automático o semiautomático.
Frente a ello, los guardias civiles cuentan con armamento reglamentario y chalecos que, según denuncian, no ofrecen protección suficiente ante este tipo de armas, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad en el desempeño de su trabajo.
Persecuciones de alto riesgo y tácticas agresivas
Las condiciones operativas también han empeorado. Las persecuciones, tanto en tierra como en el mar, se desarrollan a gran velocidad y con tácticas cada vez más agresivas por parte de las redes criminales, como maniobras en zigzag para desestabilizar embarcaciones o el uso de extintores en carretera para provocar accidentes.
Estas prácticas suponen un riesgo constante para los agentes, que se enfrentan a organizaciones cada vez más profesionalizadas.
Inseguridad jurídica en el uso de la fuerza
Más allá de los medios materiales, los agentes señalan el marco legal como otro de los principales obstáculos. El uso del arma reglamentaria está sujeto a un protocolo muy estricto que, según explican, genera incertidumbre sobre las consecuencias judiciales de su aplicación.
Domínguez apunta que, aunque la ley contempla su uso en situaciones extremas, el temor a procesos judiciales posteriores condiciona la actuación de los agentes. Algunos casos han derivado en procedimientos largos que afectan a la carrera profesional, con bloqueos en ascensos o limitaciones para acceder a formación.
"Muchos compañeros prefieren no intervenir antes que enfrentarse a ese calvario", reconoce.
Reclamación de más medios y respaldo
Ante este escenario, los agentes reclaman más medios materiales, mayor respaldo legal y una estrategia que permita equilibrar la lucha contra el narcotráfico, que consideran actualmente en clara desventaja.
La sensación entre los efectivos destinados en estas zonas es que se enfrentan a una amenaza creciente en condiciones de inferioridad, en un contexto que, lejos de mejorar, sigue intensificándose con el paso del tiempo.
