La estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales muestra que de más de la mitad de los desahucios, un 54,2% equivalente a 34.193, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 26.397 -un 41,9%- se produjeron tras una ejecución hipotecaria, y los 2.447 restantes, por otras causas.
Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.
Los procesos iniciados por impago del alquiler experimentaron una disminución del 4,2% el pasado año, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 9,7%.
Por comunidades autónomas, Cataluña -con 14.069, el 22,3% del total nacional- fue donde se practicaron el año pasado más lanzamientos; seguida por Andalucía, con 9.998; y Valencia, con 9.635.
Si se tienen en cuenta sólo aquellos provocados por la ley de arrendamientos urbanos, también Cataluña encabeza la clasificación, con 8.971; seguida por Madrid, con 4.760; y Andalucía, con 4.364.
De los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Valencia se registraron 5.398; en Andalucía, 5.193; y en Cataluña, 4.452.
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, que suman la cifra más baja desde 2008, La Rioja y el País Vasco son las únicas comunidades en las que no se registró un descenso el año pasado, con incrementos del 9% y del 5,6%, respectivamente.
Por el contrario, en Valencia el descenso fue "especialmente significativo", del 39,6%, señala el CGPJ en su nota.
En Galicia se redujeron un 39,2%, en Navarra, un 38,8%, y por encima del 30% en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Madrid.