El voto en contra de Junts a la ley de amnistía ha supuesto un nuevo capítulo de tensión entre el PSOE y Junts. Pese a negociar hasta el último momento, los socialistas no admitieron las enmiendas de la formación de Carles Puigdemont, que terminó por paralizar la proposición de ley.
Los independentistas pedían más blindaje en acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de alta traición y contra la paz o la independencia del Estado, esto en relación con el 'caso Volhov' o el último auto del juez García Castellón que podría excluir de la amnistía a Puigdemont.
Así, el pleno del Congreso votó a favor del dictamen de la ley de amnistía, pero en contra de la votación en conjunto, por lo que vuelve a la Comisión de Justicia para que, en el plazo de un mes, se llegue a un acuerdo sobre un nuevo texto para volver a votarse en el Parlamento.
Elecciones generales: ¿cuáles son los plazos y cuándo se podrían convocar?
Un día después del 'no' de Junts, el Gobierno insiste en que sigue en marcha su agenda fijada para esta legislatura, aunque la última negativa de la formación catalana y la dependencia del Ejecutivo para sacar adelante las propuestas suponen un nuevo revés para el futuro político próximo.
Desde Félix Bolaños hasta María Jesús Montero, todos los miembros del Ejecutivo confían en que la ley de amnistía salga adelante y no suponga un final anticipado de legislatura, la que reafirman que depende del presidente y que ven con una duración de tres años y medio. Pero la realidad de Junts es bien distinta: el secretario general, Jordi Turull, ha avisado de que incumplirán el acuerdo de investidura si no sale adelante una ley de amnistía "integral y de aplicación inmediata".
Según ha dicho Turull en Rac1, el pacto con el PSOE para la investidura era "para resolver el conflicto político" entre Cataluña y España: "La base era la ley de amnistía y que no quedase gente pendiente. Si esta base falla, al resto no hace falta ni que lleguemos", ha expresado.
En un escenario más lejano, con la posibilidad de otros comicios si cae la legislatura, el presidente no podría convocar elecciones generales en este momento. Según la ley, Sánchez podría proponer la disolución de las Cortes, pero no antes de que transcurra un año desde la anterior. Esto situaría una convocatoria de elecciones generales, como mínimo, el próximo 29 de mayo.
¿Qué pasa ahora con la ley de amnistía?
El rechazo de la votación en conjunto la devuelve a la ley a la Comisión de Justicia, que fue la encargada de su tramitación. Si se hubiera rechazado el dictamen elaborado por dicha comisión la norma hubiera decaído por completo, pero Junts pretende ganar unos días para poder seguir negociando con el Gobierno y tratar de incluir sus pretensiones.
Existen algunas dudas sobre el plazo y la fórmula para volver a tramitar la proposición de ley. El artículo 31 del reglamento del Congreso establece que los textos legislativos con carácter orgánico que no son aprobados por el pleno se mandan de vuelta a la Comisión que deberá elaborar un nuevo dictamen en el plazo de un mes. Sin embargo, la Mesa de la Cámara Baja le concedió la tramitación por la vía de urgencia, lo que según el artículo 93 reduce los plazos a la mitad, en este caso 15 días. La duda que se tendrá que despejar es si la declaración de urgencia también afecta a esta nuevo proceso o no.
La importancia de estas disquisición temporal radica en que si se determina que el plazo es de dos semanas la fecha de una nueva votación coincidiría con los últimos días de la campaña de las elecciones gallegas. Por eso, en el Partido Socialista prefieren que se establezca el periodo de un mes para que la comisión debata y apruebe un nuevo redactado de la ley.
Además de las dudas sobre el tiempo que tiene la Comisión de Justicia para elaborar un nuevo informe, existe otro interrogante técnico sobre el que hay dos opiniones diferentes. Si el texto sobre el que tiene que trabajar de nuevo la comisión es el enviado inicialmente por esta al pleno o si una vez rechazado se empieza a trabajar con la propuesta inicial del grupo socialista. La interpretación que cuenta con más respaldo de los letrados es la primera, por lo que no habría la posibilidad de introducir enmiendas nuevas sino que los diferentes grupos tendrían que pactar transacciones (cambios) en las ya existentes.
