Rajoy ha mantenido a Montoro al frente de la cartera de Hacienda y Función Pública y premia así su lealtad al partido, después de haber participado también en las dos legislaturas de José María Aznar (1996-2004).
El llamado "profesor" por sus allegados se convierte a sus 66 años en uno de los ministros más involucrados en los gobiernos del PP, sin embargo sus desencuentros con algunas comunidades autónomas, como Cataluña, le han apartado de las gestiones relacionadas con las administraciones locales y autonómicas.
En la XII Legislatura que ahora comienza Cataluña será asunto "clave" para un nuevo gobierno en minoría. Quienes le conocen dicen que Montoro se siente cómodo ante la decisión de desligar Hacienda de Administraciones Públicas porque defiende que actualmente es una materia demasiado política que debe ser gestionada directamente por Presidencia.
De hecho, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría asume el ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales. "Si hay que hacer hueco a la política, se hace", ha comentado Montoro en alguna ocasión, al explicar que en el pasado, antes del gran traspaso de competencias a las autonomías, tenía más sentido vincular las Administraciones Públicas a la cartera de Hacienda. Montoro se dará en profundidad a lo que mejor conoce: el sistema fiscal y la hacienda pública, y sin duda seguirá afanándose por reducir el déficit público, todavía hoy elevado tras desviarse en 2015 hasta el 5,1 % del PIB.
Durante los casi cinco años en lo que ha estado de ministro con Rajoy ha tenido que lidiar contra un déficit que a finales de 2011 se situaba en el 9,6 % del PIB lo que le obligó a tomar medidas impopulares como la subida de impuestos o la suspensión de la paga extra de Navidad a los funcionarios. Ahora Montoro gestionará más directamente los asuntos de la Mesa General de la Función Pública y las reivindicaciones salariales de los funcionarios, a los que podría resarcir después de años de sacrificios y congelación de sueldos.
También se enfrenta a la obligación de hacer ajustes presupuestarios para cumplir el déficit en 2017, aunque Rajoy ha descartado que se vayan a incrementar de nuevo el IRPF o el IVA. La crudeza de la crisis hizo que subiera estos dos impuestos en 2012 en contra de las promesas electorales del PP, aunque el primer impuesto pudo volver a bajarlo en enero y en julio de 2015.
Sin embargo, esta medida repercutió en menores ingresos e hizo que el déficit público se desviara del 4,2 % previsto al 5,1 % del PIB a finales de ese año (contabilizando las ayudas a la banca), cifra que, no obstante, es casi la mitad de la que encontró al asumir el cargo. El asesor económico de Rajoy también implantó una amnistía fiscal que pretendía aflorar dinero no declarado y de la que ahora debe dar cuenta ante la formación de Ciudadanos, el socio que ha apoyado al nuevo Ejecutivo y que le reprocha que hizo mal los cálculos.
La recaudación derivada de la amnistía fiscal se quedó en 1.200 millones de euros ya que los acogidos pagaron sólo el 3 % de las rentas afloradas y no el 10 % estipulado por ley. Además, Montoro ha tenido que endurecer los adelantos del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades ante el desplome de estos ingresos y ahora todo apunta a una reforma más profunda de este gravamen.
La cara más irónica del Ejecutivo de Rajoy ha subido y bajado los impuestos, ha congelado y devuelto una paga extra a los funcionarios y ha acometido planes de lucha contra el fraude para vigilar más de cerca a los morosos, con la publicación de una lista semestral de aquellos que deben más de un millón de euros a Hacienda.
La lucha contra la corrupción también le ha hecho vivir uno de los momentos más amargos de su vida política con la detención de su excompañero de filas, el exvicepresidente del Gobierno y antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato, acusado de presuntos delitos de fraude fiscal.
