Hacienda aprecia “importantes contradicciones” entre las versiones que pudo recabar durante su investigación sobre el alcance fiscal de los beneficios que logró la trama Koldo con los contratos de las mascarillas adjudicados por Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Transportes, en lo peor de la pandemia. Un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que figura en el sumario al que ha tenido acceso Onda Cero se extiende ampliamente sobre las versiones que no cuadran.
En concreto, la ONIF recoge la contradicción de la respuesta enviada por el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, negando que el organismo público haya tenido “relación o vínculo alguno con las citadas empresas ni con el señor Víctor de Aldama”. En el escrito, Rodríguez añade que sus empresas ni son conocidas ni, por ende, habituales.
También niega haber elegido como proveedor a Soluciones de Gestión como consecuencia de la participación del conseguidor De Aldama.
Sin embargo, el pasado 20 de enero, Soluciones de gestión aportó un dossier de pruebas para que la Inspección verificara la realidad de la intervención Víctor de Aldama. Entre ellas, figura una conversación de whatsApp en la que este empresario comunica la dirección de correo electrónico de Álvaro Sánchez Manzanares, el secretario general del organismo, que sería la persona con la que tiene que contactar. “El correo todo en minúsculas, cuando lo envíes avísame por favor”, señala.
“Tras entregar Víctor la oferta presencialmente en Puertos del Estado, envía el email de contacto del encargado de dicha empresa”, concluye la ONIF.
Inspección recoge, además, el mail dirigido a Sánchez Manzanares en el que Soluciones informa de la oferta para ocho millones de mascarillas FFP2, "según los términos y condiciones económicas y logísticas indicadas en le misma".
Se trata de una comunicación fechada el 20 de marzo de 2020, antes de la publicación en el BOE de la adjudicación.
"La investigación ha puesto en evidencia la aparición de todo tipo de proveedores y de intermediarios, a lo que se sumaba el riesgo de pagar por material falso o que nunca llegaría a España", advierte el informe de Hacienda.
La Inspección también concluye que “los beneficios excesivos de quienes los consiguieron suponen también el deseo en estos de encontrar mecanismos que lleven a la menor tributación posible”.
“El reflejo de todo ello son los hechos narrados y las importantes contradicciones en los que intervienen. Como se ha Intentado trasladar, la investigación se ha centrado por parte de esta Inspección entre los que nos han trasladado una verdad incompleta y los que mienten”, señala la ONIF.
Los inspectores también subrayan las “importantes lagunas de conocimiento”, tal vez propias de la situación de emergencia, y que “los adjudicatarios del contrato parecen diferentes de los que se reconocen como tales”.
Los requerimientos de información a todos ellos “han puesto de manifiesto las mayores contradicciones en quienes fueron los intervinientes y sus beneficios, múltiples intermediarios se interponen entre los adquirentes y los fabricantes chinos convirtiendo la necesidad sanitaria en un negocio millonario en el que se prefiere no aparecer”.
Hacienda señala que el alcance de todas estas contingencias deberá evaluarse una vez que los hechos se puedan fijar con claridad.
La ONIF propone en consecuencia “confrontar” a los intervinientes, públicos y privados, y elaborar un relato veraz del cual se puedan extraer las consecuencias, entre ellas las tributarias.
