El Pleno del Congreso ha aprobado este martes con 177 votos a favor, 32 en contra y 135 abstenciones la toma en consideración de una proposición de ley que supone rebajar más de la mitad la actual tasa genérica de alcohol al volante y prohibir los avisos entre conductores sobre controles de alcohol y drogas.
Con ello, la Cámara Baja inicia la tramitación de esta iniciativa, presentada por el PSOE, que anteriormente había tanteado el terreno sobre la bajada de la tasa de alcohol y logró el pasado octubre que salieran adelante una proposición no de ley registrada en el Congreso y una moción en el Senado, en ambos casos con la abstención del PP y el rechazo de Vox.
El texto propone que la tasa máxima de alcohol permitida para todos los conductores de vehículos baje a 0,2 gramos por litro de sangre (frente a los actuales 0,5 gramos) o 0,1 miligramos por litro en aire espirado (ahora es de 0,25).
Ello supondría rebajarla en más de la mitad y se alinea con lo anunciado el pasado septiembre por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que la sociedad española está "madura" para abordar este asunto.
Con ello, se unificarían las tasas para todos los conductores y se eliminan las actuales diferencias entre conductores noveles y profesionales (0,3 g/l en sangre o 0,15 mg/l en aire), y el resto (0,5 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire), y seguiría el mismo criterio de países punteros en seguridad vial como Noruega y Suecia.
Tres niveles de infracciones
La propuesta establece tres niveles de infracciones a tener en cuenta:
- Graves (entre 0,1 y 0,25 mg/l en aire), que conllevarán la pérdida de dos puntos del carné y 100 euros de multa.
- Muy graves (superiores a 0,25 mg/l), con pérdida de cuatro puntos y 200 euros de multa.
- Muy graves agravadas (más de 0,5 mg/l), sancionadas con seis puntos y multa de 1.000 euros.
Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 33% de los conductores fallecidos en siniestros presentaban alcohol en sangre, al igual que un 29% de los peatones atropellados, mientras que en 2023 se registraron 50.071 condenas penales por conducir con altas tasas, según la Fiscalía General del Estado.
Además, la proposición de ley pretende prohibir la difusión de información sobre controles policiales en redes sociales y aplicaciones de mensajería, al considerar esta práctica como una infracción muy grave que será responsabilidad de la persona física que difunda el contenido. Con ello, se pretende que grupos organizados utilicen las redes sociales para facilitar la evasión de controles de alcohol y drogas entre los conductores.
Seguir el modelo sueco vs. una nueva "cortina de humo"
En el debate de la toma en consideración de la iniciativa este martes, el diputado socialista Manuel Arribas ha defendido que "no se trata de beber poco, se trata de no beber nada al volante" y ha argumentado que los estudios científicos son "claros" y que un conductor con una tasa de entre 0,1 y 0,5 gramos litro en sangre tiene tres veces más probabilidades de sufrir un accidente mortal.
En su discurso, Arribas ha mencionado varios casos de siniestros de tráfico provocados por conductores ebrios, alertando de que no son "casos aislados", sino "dramas" que ponen de relieve lo que ocurre cuando se permite que "el alcohol y la conducción sigan yendo de la mano". En consecuencia, ha defendido que "cada una de estas tragedias pudo evitarse", argumentando que la propuesta plantea seguir el modelo de países como Suecia o Noruega.
En cambio, Bella Verano, portavoz del PP, ha señalado que la proposición se trata de "una nueva cortina de humo" del Gobierno y del PSOE, al mismo tiempo que ha hablado de datos de siniestralidad "preocupantes". La portavoz ha apuntado que "hasta el 13 de marzo, ya se han contabilizado 201 fallecidos, un 2% más que el mismo periodo del año anterior", lo que en su opinión "refleja claramente el incumplimiento" de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 y "la falta de medidas eficaces para abordar el problema" por parte del Ejecutivo.
Asimismo, la parlamentaria ha criticado la tramitación de esta iniciativa como proposición no de ley, "saltándose así todos los informes preceptivos y la evaluación previa que requería la iniciativa del Gobierno". Además, ha asegurado que "han elevado el rango normativo de una medida sin respaldo técnico, han evitado los controles legislativos y han ignorado los análisis científicos".
