El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa la creación de una sociedad en Dubái como la vía para canalizar la comisión generada por el rescate de Plus Ultra. La resolución sostiene que esa estructura "off-shore" pudo diseñarse específicamente para cobrar fuera de España el 1% pactado por la obtención de la ayuda concedida a la aerolínea venezolana.
La investigación judicial se fija en una empresa denominada Landside Dubai FZCO —también citada como Landside Middle East FZCO— y sobre las comunicaciones intervenidas por la UDEF que, según el juez, revelan cómo la constitución de esa sociedad surgió tras una reunión impulsada por el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El auto describe una comida celebrada en el restaurante Portonovo, organizada desde el entorno del expresidente. La reserva, según la resolución, fue gestionada por la secretaria personal de Zapatero, María Gertrudis Alcázar. Al encuentro acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco.
La importancia de esa reunión radica en lo que ocurrió inmediatamente después. El magistrado destaca que, al día siguiente, comenzaron las gestiones para crear una sociedad en la zona franca del aeropuerto de Dubái. Tomás Guerrero Blanco remitió a Julio Martínez Martínez la documentación necesaria para constituir la empresa y le puso en contacto con responsables de la zona franca para agilizar el proceso.
El juez sostiene que las instrucciones partieron directamente de Zapatero. "De ello se infiere que las instrucciones parten necesariamente de este último, quien promueve la reunión", recoge el auto.
La resolución añade que la sociedad finalmente creada en Dubái estaría participada al 100% por la empresa española Idella Consulenza Strategica SL, controlada por Julio Martínez Martínez.
El contrato del 1% del rescate
La conexión con el rescate de Plus Ultra aparece, según el juez, en la secuencia temporal de los hechos. Apenas unos días antes de las gestiones para crear la sociedad offshore, Plus Ultra había firmado un contrato con Idella Consulenza Strategica.
Ese contrato, fechado el 19 de enero de 2021, estipulaba que la sociedad de Julio Martínez Martínez cobraría el 1% del importe de la ayuda concedida por la SEPI. El auto cifra esa comisión en unos 530.000 euros.
Para el juez Calama, la proximidad entre ambos movimientos resulta relevante:
1 Firma del contrato para cobrar el 1% del rescate.
2 Reunión en Portonovo para impulsar la creación de la sociedad en Dubái.
3 Elaboración posterior del plan de negocio de Landside.
La conclusión del magistrado es contundente:
"Estos hechos permiten inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero".
Más adelante, el auto insiste en esa idea y afirma que la sociedad "off-shore" "podría haberse creado para canalizar ese cobro".
Un plan de negocio de tres millones
La investigación incorpora además un documento denominado "Landside Middle East FZCO Business Plan". Según el auto, ese plan preveía ofrecer servicios de consultoría a empresas españolas y latinoamericanas interesadas en operar en Emiratos Árabes Unidos.
El documento proyectaba beneficios de tres millones de dólares en cinco años y aseguraba disponer ya de clientes relevantes en España y Latinoamérica.
Sin embargo, el juez considera que el verdadero objetivo de la estructura pudo ser otro: desviar fuera de España la comisión derivada del rescate público de Plus Ultra y dificultar su rastreo.
El auto llega a afirmar que la trama habría utilizado sociedades instrumentales y estructuras internacionales para "ocultar la titularidad real de activos" y "desplazar capitales fuera del territorio nacional".
