La Universidad Complutense de Madrid (UCM) reclama a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y su asesora, Cristina Álvarez, que devuelvan 113.509,32 euros de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil por el uso del software de la cátedra investigada en la causa contra ellas.
La institución académica pide que sean condenadas por malversación, según el escrito de conclusiones provisionales que ha enviado al juez Juan Carlos Peinado. Cabe recordar que la universidad está personada en la causa como perjudicada. Este escrito fue solicitado por el magistrado de cara al futuro juicio con jurado popular.
El software fue desarrollado "bajo el paraguas institucional" de la universidad
La Audiencia Provincial de Madrid archivó los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, por lo que la Complutense hace suyos los hechos recogidos en ese auto que "confirman la existencia de indicios racionales suficientes para continuar el procedimiento respecto del presunto delito de malversación de caudales públicos" en el uso del 'software'.
Según el auto, este fue desarrollado "con medios, recursos y bajo el paraguas institucional" de la universidad. Por eso, aunque "parte de los recursos destinados" a la cátedra que codirigió procedieran de aportaciones privadas, "no altera su naturaleza", porque esos recursos eran para el "cumplimiento de fines de interés público de carácter universitario y educativo".
Dos puntos de malversación
Así las cosas, la Complutense identifica dos focos de malversación. Por un lado, "el programa informático y conjunto de actuaciones encaminadas a desarrollar el 'software', elaborado en el marco de la Cátedra Extraordinaria" y, por otro, que la resolución integra "dentro del concepto de caudal o patrimonio público la actividad desarrollada por personal al servicio de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones públicas".
En este sentido, la Complutense considera que el software "habría sido desviado al ámbito de disponibilidad exclusiva de la investigada mediante el registro del dominio y de la marca a favor de la mercantil Transforma TSC sin conocimiento ni autorización" de la universidad. Por ello, cuantifica el "perjuicio económico" en 113.509,32 euros.
Las defensas tienen tres días para informar de si renuncian a la audiencia preliminar
El juez Peinado ha dado tres días a las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez para que informen de si renuncian a la audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, y les ha instado a que presenten su escrito de defensa en el plazo de cinco días, según una providencia de este 28 de julio a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias.
La Fiscalía, por su parte, ha avisado de que presentará su escrito de conclusiones absolutorias próximamente, tal y como hizo antes de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar para Gómez y su asesora los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que previamente le atribuía Peinado.
