La acusación popular liderada por Hazte Oír ha presentado este lunes un escrito de acusación el que solicita un total de trece años de cárcel para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y otros seis años de prisión para su asesora Cristina Álvarez.
Un escrito que presentan después de que el juez Juan Carlos Peinado les trasladara la resolución de la Audiencia de Madrid que avaló someter a Begoña Gómez a un juicio con jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación, desestimando finalmente dos de los delitos que atribuía inicialmente. En el caso de Álvarez, la causa se centra en el delito de malversación.
Por tanto, la acusación modifica la petición formulada en su día, y rebaja la solicitud de condena de los 24 años iniciales a 13 años de prisión para Begoña Gómez. En concreto, solicitan dos años de prisión por un delito de tráfico de influencias, tres por un delito continuado de malversación de patrimonio público, y otros ocho por este mismo delito sin carácter continuado.
Asimismo, la acusación popular solicitan que se le prohíba contratar con el sector público, obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por diez años, que se la suspenda de empleo o cargo público por cuatro años y e inhabilitación absoluta por veinte.
Hazte Oír solicita las comparecencias de un centenar de testigos
Además de la rebaja de la condena, Hazte Oír también ha solicitado que declaren en dicho juicio hasta un centenar de testigos, entre los que se encontraría el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto" de Gómez.
También solicitan la comparecencia del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, cuyo testimonio consideran "determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez y el alcance funcional del puesto", cuando este era secretario general de Presidencia.
En la lista de testigos propuestos por la acusación figuran además otros nombres clave del entorno de las investigaciones recientes, como el empresario Javier Hidalgo y Víctor de Aldama, presunto comisionista del "caso Koldo".
