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Las claves del acuerdo de PP y Vox en Extremadura: qué es el principio de "prioridad nacional"

El Gobierno ha asegurado que llevará a los tribunales cualquier recorte de derechos o "blanqueamiento del franquismo" fruto de ese acuerdo en el que Vox ostentará la Vicepresidencia de Familia y la cartera de Agricultura.

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ondacero.es | Agencias

Madrid |

 La presidenta del PP extremeño, María Guardiola y el líder de Vox, Óscar Fernández Calle
La presidenta del PP extremeño, María Guardiola y el líder de Vox, Óscar Fernández Calle | Agencia EFE

El Partido Popular y Vox firmaron este jueves en Mérida un acuerdo para investir la próxima semana a María Guardiola y gobernar en coalición la Junta de Extremadura durante los próximos "cuatro años".

El pacto contempla 71 medidas programáticas, la aprobación de cuatro presupuestos y la entrada de los de Santiago Abascal en el Ejecutivo con la Vicepresidencia de Familia, Desregulación y Servicios Sociales y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

La sesión de investidura de Guardiola arrancará el martes y será elegida formalmente el miércoles. Su intención, si los plazos se cumplen, es tomar posesión el mismo viernes.

¿Qué es el principio de prioridad nacional?

Las políticas frente a la inmigración ilegal, la reducción de las cargas tributarias, el acceso a la vivienda protegida "inspirado en el principio de prioridad nacional", que se traduce en un "período mínimo de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" de los inmigrantes. Además, vinculan el acceso a las ayudas con la "trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema" de los inmigrantes.

Las claves del acuerdo

El documento de consenso recoge 11 grandes capítulos, con un total de 61 puntos de acción gubernamental que, a su vez, incluyen 74 medidas. Estas son:

Inmigración

  • Rechazo expreso a la política de inmigración del Gobierno central y oposición por "todos los medios legales, jurídicos y políticos" al reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad.
  • Promover acuerdos con los países de origen de los menores no acompañados para facilitar las repatriaciones y retornos efectivos de estos con sus padres.
  • Rechazo a la ampliación de plazas de acogida de inmigrantes ilegales.
  • Auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal con el objetivo de "reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente".
  • Consignación presupuestaria para la realización de pruebas destinadas a la determinación de la edad de los menores no acompañados.
  • Supresión de todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que "participen directa o indirectamente en promocionar, facilitar o sostener la inmigración ilegal".
  • Creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva.
  • En el ámbito de sus competencias, la Junta de Extremadura prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos "por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia".
  • Supresión inmediata del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros de Educación Primaria y Secundaria de Extremadura.

Economía, política tributaria y gasto

  • En cada año de la legislatura, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25 % en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica.
  • Ampliación de la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y de las tasas autonómicas.
  • Reducción al 50 % de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública.
  • Reducción "al mínimo legal" de las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo.

Vivienda

  • Construcción de al menos 3.500 nuevas viviendas protegidas.
  • Creación de un sistema de acceso a la vivienda protegida y el alquiler social "inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.
  • Exclusión de dichos programas para quienes hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años.
  • Nueva línea de avales públicos para familias numerosas, deducción autonómica del IRPF e impulso al alquiler estable.

Energía e industria

  • Blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y reducir la ecotasa autonómica que grava la producción de energía en esta instalación en un 30 % anual hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura.
  • Protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas. El Gobierno de Extremadura asume el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos.

Sector primario

  • Blindaje del sector primario frente a la agenda 2030. Este Gobierno se compromete, según recoge el documento, a no aprobar ninguna medida que "perjudique objetivamente" al sector primario y lo protegerá activamente —económica, política y jurídicamente— de "las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde".
  • Ejecución definitiva del proyecto de regadío de 'Tierra de Barros', una infraestructura "estratégica para el desarrollo agrario y económico" de Extremadura.
  • Planes de modernización de regadíos, infraestructuras hídricas y caminos rurales.
  • Revisión de la delimitación de las zonas ZEPA y LIC, y simplificación de la normativa en los espacios integrados en la Red Natura 2000 y en la Red de Espacios Protegidos, así como la revisión de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos.
  • Creación de un fondo de compensación destinado a "mitigar el impacto negativo" de desastres naturales, circunstancias adversas sobrevenidas o de "imposiciones normativas para proteger los sectores productivos".

Sanidad y consumo

  • Plan de Mejora de la Sanidad extremeña orientado a reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad, el cual recogerá una dotación presupuestaria adicional de 500 millones de euros anuales y la contratación de 1.500 profesionales adicionales.
  • Incremento de las plazas residenciales y de centros de día.
  • Control del etiquetado de los productos extranjeros.

Seguridad

  • Aplicación "firme" del desalojo exprés y refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación ilegal.
  • El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "se inspirará en el principio de prioridad nacional", entendida como "arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Educación

  • Homologación salarial progresiva a la media nacional para los docentes extremeños, gratuidad de las escuelas infantiles 0-3 años y prioridad al producto español en comedores públicos.

Familia, natalidad y demografía

  • Incremento y refuerzo de las ayudas a la natalidad, aumento de las deducciones fiscales para material escolar.

El Gobierno llevará a los tribunales cualquier "recorte de derechos" del pacto

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tachado este viernes de "xenófobo" e "inhumano" el pacto alcanzado entre PP y Vox en Extremadura, que incluye, entre otros, la devolución de los menores migrantes no acompañados o el veto a la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

Según ha asegurado, el Gobierno estará "vigilante" y llevará a los tribunales cualquier recorte de derechos o "blanqueamiento del franquismo" fruto de ese acuerdo.