La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, defendió en el pleno que la reforma del artículo 9 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) es la vía adecuada para situar al euskera "al mismo nivel" institucional que el castellano, aunque recalcó que cualquier avance debe hacerse "desde el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones más políticas que sociales".
Qué propone Chivite
Chivite anunció que en su próxima comparecencia ante la ponencia parlamentaria que estudia la actualización de la Lorafna presentará la iniciativa para reconocer el euskera como “lengua propia” de Navarra, aprovechando los trabajos ya en curso en ese órgano.
La presidenta defendió que la medida no busca la imposición lingüística sino proteger y normalizar el euskera como parte del "acervo de los navarros".
Hoy la Lorafna reconoce en su artículo 9 al castellano como lengua oficial de Navarra y atribuye al euskera carácter de oficial solo en las zonas vascoparlantes; la propuesta de Chivite aspira a que el texto reconozca explícitamente el estatus del euskera para todo el territorio foral.
Otras voces del arco político han pedido aprovechar la reforma estatutaria para clarificar derechos y competencias y evitar futuras disputas legales sobre su aplicación.
Reacciones políticas y sociales
Fuentes periodísticas recogen que la iniciativa ha sido recibida con matices: partidos nacionalistas y euskaltzales valoran positivamente que se abra la puerta al reconocimiento, mientras que formaciones más críticas advierten del riesgo de tensiones si no hay consenso amplio.
En el Parlamento, Chivite defendió su propuesta frente a preguntas del PSN y aseguró que impulsará el debate dentro de los cauces parlamentarios establecidos.
Consecuencias prácticas
Si la Lorafna incorporara el reconocimiento explícito del euskera como lengua propia en todo Navarra, habría efectos jurídicos y administrativos sobre la enseñanza, la administración pública y la regulación de competencias lingüísticas, asuntos que los partidos han situado ya sobre la mesa de la ponencia.
Chivite podría sentar precedentes en políticas de valorización del euskera en la administración -por ejemplo, medidas para que el conocimiento del idioma puntúe en plazas públicas- lo que a su vezpodría facilitar articular el reconocimiento legal con medidas normativas concretas.
