Ha sido la Unidad Central Operativa (UCO) quien ha llevado a cabo esta operación pionera en el sector, con la colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), y que ha supuesto la primera intervención penal para este tipo fraude, que hasta ahora se sancionaba administrativamente. De momento, la operación "Ámbar", que sigue abierta, se ha saldado con 18 detenidos, siete registros y cuentas y bienes inmovilizados.
Paloma Espeja, subdirectora adjunta de Energía Eléctrica de la CNMV, y Francisco Almansa, teniente coronel jefe de Delincuencia Económica y Delitos contra la Administración de la UCO, han informado en rueda de prensa de esta operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Un año de investigaciones que retrotraen los hechos a 2012, cuando comenzó a operar una red que creó diversas empresas instrumentales para la comercialización de energía eléctrica.
Estas empresas, a nombre de testaferros, captaban a clientes, generalmente grandes pymes, a las que les ofrecían la luz a un coste entre un 20 y un 30 por ciento más bajo que lo habitual, si bien no compraban a las generadoras de electricidad toda la energía que finalmente vendían a sus clientes.
De este modo, este desfase les provocó a las generadoras un agujero de 60 millones de euros, a los que hay que sumar otros 20 por el impago de los peajes obligatorios por la distribución, además de los 14 millones defraudados a la Hacienda Pública.
