Báñez se reúne hoy con los líderes de los sindicatos y la patronal para impulsar el diálogo social

Después del acuerdo para la prórroga del Plan Prepara alcanzado ayer entre el Gobierno y las comunidades autónomas, en el horizonte del diálogo social se encuentra la reestructuración del sistema de protección por desempleo.

La intención del Gobierno es "fundir" todos los programas de asistencia para desempleados en "un gran programa de parados" para dar cobertura a todas las circunstancias contempladas en los planes vigentes, impulsando también las políticas activas de empleo para facilitar su vuelta al mercado laboral, especialmente a los parados de larga duración.

La 'hoja de ruta' del diálogo social que acordaron Gobierno y agentes sociales en su reunión del 24 de noviembre de 2016 con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, incluye otras materias sobre las que ya se han abierto mesas de trabajo: la mejora de la calidad en el empleo; la mejora de la implementación de la Garantía Juvenil Europea para reducir el desempleo juvenil, y el establecimiento de una estrategia para la fijación del salario mínimo interprofesional (SMI).

Otra de las grandes mesas de trabajo en el marco del diálogo social es la dirigida a fortalecer el sistema público de pensiones. En paralelo a los debates del Pacto de Toledo, el Gobierno y los agentes sociales están discutiendo qué medidas necesita el sistema de la Seguridad Social para seguir garantizando su sostenibilidad a futuro.

En este sentido, CCOO y UGT ven prioritario abordar la situación de déficit de la Seguridad Social, muy afectada por la crisis del empleo y por el desfase entre ingresos y gastos. También quieren negociar en esta mesa la revalorización de las pensiones y cambios en el llamado factor de sostenibilidad.

En lo que respecta a la calidad en el empleo, los sindicatos reclaman al Gobierno una nueva regulación de la contratación laboral para garantizar la estabilidad en el empleo y reforzar la excepcionalidad de la contratación temporal; regular las condiciones de realización de prácticas no laborales, y medidas específicas para evitar los abusos de las empresas multiservicios.

Asimismo, proponen endurecer las actuales facilidades del despido; reforzar la negociación colectiva para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales; reducir la jornada de trabajo con carácter universal a 35 horas semanales; modificar la actual regulación del contrato a tiempo parcial; y revisar y regular el contrato formativo.