El Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió a Adif un préstamo de 90 millones de euros en 2022 para renovar la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla que, según un informe del propio organismo europeo, estaba entonces "al final de su vida útil".
Según consta en los documentos oficiales, el proyecto por el que se otorgaba este préstamo tenía por objetivo "la renovación de obras e instalaciones de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que se encuentran al final de su vida útil, con el objetivo de mantener los altos estándares de disponibilidad, fiabilidad y seguridad requeridos para este tipo de infraestructuras".
El proyecto de renovación costaría en total 640 millones, de los que 90 procedían del BEI y otros casi 112 fueron aprobados posteriormente por la Comisión Europea, que insistió en la necesidad de modernizar una línea "obsoleta".
La Comisión Europea afirmó entonces que la línea no cumplía con todas las normas de interoperabilidad ferroviaria y aprobó este segundo préstamo para realizar diferentes obras de mejora en la vía, las instalaciones y el entorno de la línea.
En enero de 2025, Adif y el BEI firmaron también otro préstamo de 350 millones de euros "para invertir en la renovación, mejora, seguridad, sostenibilidad y resiliencia de las infraestructuras ferroviarias de las redes convencional y de alta velocidad de toda España" y se indicó que casi 150 millones de ese préstamo se invertirían en Andalucía.
El pasado mes de septiembre Adif prometió llevar a cabo mejoras en el sistema ferroviario andaluz, lo que incluiría "pequeñas obras ligadas al mantenimiento" de las vías, las instalaciones y el entorno.
El PP cuestiona la gestión de estos fondos
En este sentido, el PP ha presentado una iniciativa en la Comisión Europea para investigar estas concesiones y el uso de estos fondos europeos para la modernización de la línea Madrid-Sevilla.
Son varias las preguntas parlamentarias registradas esta semana en el Parlamento Europeo por parte de los eurodiputados populares, que pedirán explicaciones sobre la gestión de estos fondos.
"Cuando una infraestructura crítica es definida por las propias instituciones europeas como obsoleta, la prioridad absoluta debe ser garantizar que sigue operando en condiciones de máxima seguridad", ha señalado el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido.
El que fuera ministro del Interior insiste, además, en que los documentos de la Comisión Europea "recogen un conocimiento expreso del deterioro de la infraestructura" y considera que "era necesario extremar las exigencias de control, seguimiento y ejecución de las obras financiadas con fondos europeos", especialmente cuando "estaban en juego la seguridad de los pasajeros y la integridad del sistema ferroviario".
