Baltasar Garzón considera "muy muy graves" las conclusiones del auto de Juan Carlos Peinado por las que envía a juicio oral a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, al tiempo que le impone medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias obligatorias en el juzgado cada 15 días.
Para el exmagistrado, este auto "no tiene ni pies ni cabeza" y es "un escándalo" porque hay una "interferencia judicial" en el desarrollo del Poder Ejecutivo que "altera el equilibrio democrático y los contrapesos de los diferentes poderes del Estado": "Es la mujer del presidente del Gobierno y, si tiene que hacer un viaje oficial, le tiene que pedir permiso al juez [...]. Eso no puede consentirse".
Posible delito de injurias
Asimismo, cree que las palabras del juez sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "están muy cerca de las injurias" porque se está haciendo referencia directamente a la comisión de posibles delitos, como es ayudar a una hipotética fuga a una persona acusada de graves delitos. Y todo ello, sin ningún tipo de prueba, indicio o elemento que lo justifique: "Si usted demuestra que un miembro de la escolta de Begoña Gómez ha dicho o ha hecho algo, o se ha movido, tiene un indicio de que algo esté ocurriendo, entonces me parece fenomenal, no solo que lo diga, sino que proceda contra la persona en cuestión". Pero, en su opinión, lo que no se puede hacer es "este fuego fatuo" para una resolución que no tiene "ni pies ni cabeza".
"Hay una actividad que puede presentar indicios de que esa decisión no se ajusta a derecho y puede ser integrar un posible delito de prevaricación o un posible delito de injurias a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No digo que los haya cometido, solo que la explicación del eventual recurso tendrá que decir algo de qué ha querido significar con esa afirmación. Y para mí, decir que los escoltas o el mecanismo de seguridad puede ayudar a eludir la acción de la Justicia es una injuria porque hace referencia a la posible comisión de un delito por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", explica.
El auto es un "auténtico y absoluto despropósito"
Para el magistrado, la resolución de Peinado es un "auténtico y absoluto despropósito" y se ha mostrado muy crítico sobre el "carácter de esa instrucción por lo prospectivo y por la variación del objeto de la investigación". Pero considera que el "colofón" de todo es el auto de apertura de juicio oral en la parte de la adopción de medidas porque no es que hable de la retirada del pasaporte, sino de algo "mucho más grave": la retirada de cuantos pasaportes de los que pudiera disponer cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezca: "¿La señora Begoña Gómez es una ciudadana española y solo puede tener un pasaporte, que puede tener una variable de pasaporte diplomático, pero no puede tener varios pasaportes ni varias nacionalidades".
Garzón opina que las medidas son "innecesarias" porque si no se han adoptado durante todo el procedimiento, "¿a qué viene ahora, por ejemplo, el discurso de sumar las penas? Si eso no se hace ni en primero de Derecho".
"Instrumentalización errónea del Derecho con fines políticos"
"Necesitamos la confiabilidad de la justicia y lo que no podemos estar es al pairo de una serie de resoluciones que nos ponen a todos como ciudadanos en solfa. ¿Qué credibilidad vamos a tener en las resoluciones judiciales cuando se producen estas y no se corrigen de forma inmediata? Hay que reaccionar de manera inmediata. ¿Qué está pasando? No es una cosa menor porque todos sabemos que Begoña Gómez ni se va a fugar ni se va a ir a ningún sitio. ¿Estamos locos? Y si nos callamos ante esto...", considera.
Y sobre las posibles consecuencias procesales que podría tener este caso, el exjuez afirma que se "dan argumentos más que suficientes para llegar a la conclusión de que toda la instrucción que ha estado salpicada de despropósitos procesales, que se pueden comprender en interpretaciones de una forma u otra, más o menos sesgada. Pero con este colofón, uno tiene que llegar a la conclusión de que aquí ha habido algo más que una instrumentalización errónea del Derecho con fines políticos y siempre ha ido coincidiendo en tiempos y momentos cuando más perjuicio causaban a las personas investigadas y a las personas acusadas".
