La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, la encargada de las nuevas sentencias tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de eliminar las condenas de una decena de imputados por el caso ERE, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Se ha decidido elevar esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para "evitar un riesgo sistemático de impunidad futura en escenarios similares" y "salvaguardar los intereses financieros de la UE".
Así figura en el documento de 61 páginas emitido este lunes por la Sección Primera de la Audiencia y difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Dicha instancia había pedido a las partes del procedimiento que informasen sobre si en este caso el Constitucional "se ha extralimitado" con una "interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación" en las sentencias que anulaban las condenas. Afirma que esta sentencia "incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción".
La Audiencia de Sevilla discrepa
Sin embargo, la Audiencia de Sevilla disiente. Los magistrados entienden que esta interpretación introduce un "ámbito de impunidad" que podría dejar fuera del reproche penal actuaciones con fines fraudulentos en el ámbito legislativo, especialmente si afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. En su auto, advierten de que aplicar esta doctrina podría suponer una infracción del Derecho de la UE y de la jurisprudencia del TJUE en materia de lucha contra la corrupción y el fraude.
"La interpretación del TC podría generar un espacio de inmunidad absoluta para las actividades prelegislativas de los gobiernos regionales y, por extensión, del Gobierno nacional", señala la audiencia que también remarca que ningún miembro del Gobierno autonómico está exento de responsabilidad penal por su participación en la elaboración de anteproyectos ley.
Rumbo al TJUE
Ante esta situación, el tribunal sevillano ha planteado al TJUE hasta cuatro preguntas sobre la compatibilidad entre las sentencias del Constitucional y el Derecho europeo. Entre ellas, si un tribunal nacional puede dejar de aplicar sentencias del TC cuando estas contradicen los principios comunitarios o si el Constitucional se ha extralimitado al reinterpretar los tipos penales de prevaricación y malversación.
La Audiencia justifica su decisión en la necesidad de "salvaguardar los intereses financieros de la Unión" y de garantizar una aplicación uniforme del Derecho comunitario. Hasta que el TJUE se pronuncie, la tramitación de las nuevas sentencias queda en suspenso.
