En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez Ismael Moreno, siguiendo el criterio de la Fiscalía, admite la denuncia por los hechos ocurridos el día 20 de ese mes, cuando se arrestó a Mínguez en Gibraltar por desplegar, junto a otros miembros de su partido, una bandera española.
El juez considera que lo relatado en la sentencia sobre las malas condiciones en que estuvo arrestado, la incomunicación a la que se le sometió y las circunstancias en las que se le juzgó puede ser constitutivo de los delitos de torturas y contra la integridad moral, cometidos por los funcionarios policiales y judiciales que intervinieron en la detención.
Así, acuerda una serie de diligencias, como pedir a la policía judicial si Picardo es residente en España y reclamar a Exteriores si tuvo conocimiento de los hechos y cómo se le comunicó la detención, si España ha emitido alguna nota de queja al respecto frente a las autoridades británicas y si Picardo está amparado por los beneficios de la inmunidad.
