El Gobierno llevará de nuevo al Congreso la prórroga del escudo social antidesahucios, esta vez con cambios pactados con el PNV que han levantado ampollas en Podemos. El principal cambio es que acuerdo introduce una excepción: los propietarios que tengan una o dos viviendas en alquiler quedarán fuera de la protección y podrán recuperar sus pisos en caso de impago, incluso si el inquilino es vulnerable.
Así lo ha explicado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, al detallar que la prórroga del escudo social seguirá protegiendo a las familias vulnerables solo cuando la vivienda pertenezca a un gran tenedor o a un fondo buitre. En cambio, si el arrendador es un pequeño propietario con una o dos viviendas, el desahucio podrá ejecutarse.
Desde el PNV defienden que el cambio era necesario para evitar que pequeños propietarios acaben también en situaciones de vulnerabilidad. La portavoz del grupo en la Cámara alta, Maribel Vaquero, ha celebrado que, "por fin", el Ejecutivo "haya rectificado y replanteado el decreto" tras atender una petición que los nacionalistas vascos llevaban meses reclamando.
Según Vaquero, el acuerdo permite que "los pequeños propietarios, los que solo tienen una vivienda en alquiler, recuperen la posibilidad de alquilar sus pisos, que no se queden sin lo que les corresponde", al tiempo que el Gobierno debe "buscar la fórmula para no dejar desamparadas a las personas en situación vulnerable", una responsabilidad que, a su juicio, corresponde a la Administración pública.
El Ejecutivo insiste en que el núcleo del escudo social se mantiene. El ministro Ernest Urtasun ha subrayado que "el grueso de la medida y de la protección de las familias se mantiene", pese a los ajustes introducidos para sacar del paraguas a los pequeños propietarios.
Una tramitación complicada
Sin embargo, el pacto no garantiza una tramitación sencilla. El PP ha mostrado dudas sobre el alcance del cambio y su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado la lógica de diferenciar entre propietarios según el número de viviendas. Junts, por su parte, avisa de que estudiará el texto, aunque su portavoz, Míriam Nogueras, teme que sea "el mismo Real Decreto con alguna tirita".
La crítica más dura ha llegado desde Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, ha acusado al PSOE y al PNV de "echar a la calle a familias vulnerables escondiéndose detrás de falacias" en plena crisis de vivienda. En un mensaje en redes sociales, Belarra ha sido tajante al denunciar que el acuerdo permite desahuciar a inquilinos vulnerables que viven en casas de propietarios con una sola vivienda en alquiler: "Pobrecitos, solo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto".
El acuerdo establece, en línea con lo pactado entre el Gobierno y el PNV, que los propietarios de una o dos viviendas —o aquellos que se encuentren ellos mismos en situación de vulnerabilidad— no se verán afectados por la prórroga del escudo social. En esos casos, corresponderá a los servicios sociales buscar una alternativa habitacional de emergencia para los inquilinos vulnerables, un punto que los expertos ven como uno de los principales retos para que la medida funcione en la práctica.
