Tras la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, el Gobierno ha cerrado filas en torno a su figura y trata de rebajar la gravedad de las acusaciones mientras que su permanencia en el cargo genera un fuerte debate sobre la preservación de la imagen institucional de la Benemérita.
La causa judicial investiga si Leire Díez, exmilitante socialista, se valió de su relación personal con González para llevar a cabo acciones contra varios agentes de la Guardia Civil. Según los investigadores y la Fiscalía, las reuniones mantenidas entre ambas tuvieron como consecuencia la apertura de investigaciones internas que funcionaron como medidas intimidatorias contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que participaban en investigaciones que afectaban al Gobierno y al PSOE.
Durante su comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio, la directora de la Guardia Civil negó tajantemente haber participado en ninguna trama contra la UCO. "Nunca jamás", afirmó entonces, asegurando: "No he tomado nunca ninguna medida contra ningún agente de la UCO ni de la Guardia Civil para alterar investigaciones que afecten al Gobierno".
No obstante, González sí admitió haberse reunido con Díez fuera de las dependencias oficiales, aunque la Fiscalía eleva estos encuentros a tres ocasiones, dándoles una relevancia penal.
La estrategia de Moncloa
Frente a la gravedad de los delitos investigados (prevaricación y obstrucción a la justicia), la estrategia del Gobierno y del Partido Socialista ha sido minimizar los encuentros. La portavoz del PSOE, Montse Míguez, defendió en una entrevista televisiva que los encuentros no fueron reuniones formales, llegando a afirmar: "Está imputada por hacer unos cafés".
Desde Moncloa buscan trasladar un mensaje de tranquilidad ante la suma de un nuevo alto cargo a la lista de investigados. Fuentes gubernamentales aseguran que hay "total normalidad y transparencia porque no hay nada que ocultar", y dan por hecho que González dará todas las explicaciones pertinentes ante la Justicia, tal como consideran que ya hizo en la Cámara Alta.
El respaldo institucional es absoluto. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han trasladado su confianza a la directora. Grande-Marlaska ha confirmado que González seguirá desempeñando sus funciones con normalidad, descartando cualquier tipo de cese o dimisión.
Críticas y postura de Alsina
La negativa a apartarse del cargo ha suscitado críticas en diversos sectores, que cuestionan la coherencia de la directora de la Guardia Civil a la hora de proteger la neutralidad de la institución. En este sentido, Carlos Alsina ha reflexionado sobre la situación actual de Mercedes González.
El director de Más de uno ha puesto el foco en la falta de asunción de responsabilidades políticas frente a las acciones pasadas de la propia González, señalando que resulta incomprensible que la directora de la Guardia Civil dimitiera en su día para presentarse a las elecciones en las listas del PSOE y, sin embargo, no lo haga en este momento de crisis judicial para preservar el buen nombre de la institución. Para el periodista, esta doble vara de medir es una "paradoja llamativa". "Tampoco pasa nada" por cambiar de persona, señala Alsina.
Asimismo, asegura que el interés del partido por asegurar que González fuera diputada estuvo siempre " muy por delante" en comparación con "preservar la imagen de la dirección de la guardia civil".
