Los pensionistas perderán hasta un 7% de poder adquisitivo en los próximos cinco años

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 por el PSOE --por la que se retrasó la edad de jubilación-- y en 2013 por el PP --desvinculándolas del IPC-- evitarán un aumento del gasto de 5 puntos del PIB en el año 2050.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, Escrivá ha reconocido que el impacto de ambos cambios normativos "puede resultar mayor al esperado", lo que permitirá que el peso del gasto en pensiones sobre el PIB sea cinco puntos inferior al previsto inicialmente.

Sin embargo, el efecto de estas reformas también supondrá que las pensiones iniciales de los jubilados se estabilicen, de modo que en 2030 sigan en niveles de 2013, y que el porcentaje de pensión sobre salario sea unos diez puntos inferior al que se calculaba antes de los cambios legislativos.

Pese a ello, los "excesivamente pesimistas" escenarios de población y tasa de ocupación que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) implicarían un aumento entre 2016 y 2050 de ocho puntos del gasto en pensiones sobre PIB. Tras descontar el efecto de las reformas, este porcentaje pasaría del 11% actual al 14,3%.

No obstante, Escrivá ve poco probable que el país se conforme con perder población y masa laboral año tras año sin hacer nada durante las próximas décadas, y considera más plausible un escenario alternativo en el que la población crezca un 0,5% medio --como ha sucedido durante las últimas cuatro décadas-- y la tasa de ocupación llegue al 75% --la que tiene actualmente Alemania--, lo que permitiría mantener el porcentaje estable en el 11%.

En cualquier caso, dadas las previsiones de ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social, lo más probable es que durante los próximos cinco años las pensiones sólo se revaloricen el 0,25% mínimo obligatorio según la ley, con lo que a lo largo de la década los pensionistas perderán hasta siete puntos de capacidad de compra.

"Entre 2013 y 2016 las pensiones no han perdido poder adquisitivo, eso no es discutible. Pero a partir de ahora sí lo van a perder si no se toman medidas", ha insistido, aludiendo al cambio en la evolución de la inflación, que ha pasado del 0% a tasas positivas en los últimos meses.

Una situación que sólo podría modificarse si se aportara a las arcas de la Seguridad Social --vía Presupuestos, aumento de cotizaciones o reducción del gasto-- un punto y medio del PIB cada año. Con esos nuevos ingresos, las pensiones podrían revalorizarse por encima del mínimo legalmente exigido.

Sin embargo, el dirigente de la AIReF ha eludido pronunciarse sobre qué medidas serían más convenientes --más allá de reclamar equilibrio financiero en la Seguridad Social--, ya que ninguna propuesta es "neutral desde el punto de vista redistributivo", por lo que un organismo independiente como el suyo debe limitarse a analizar esos impactos para que los legisladores tomen decisiones "más informadas".

"Cuentas nocionales, emitir deuda pública, financiar la Seguridad Social vía impuestos. Todas son opciones absolutamente legítimas pero que no están suficientemente bien estudiadas. Los impactos redistributivos, sobre el déficit o sobre la actividad económica que podrían tener requieren de instrumentos de análisis que no están disponibles. Y cualquier medida debe ser evaluada de forma más precisa y rigurosa que hasta ahora", ha reclamado.

Por eso, ha pedido invertir más en estudios 'ex ante' de las políticas públicas "mucho más detallados" y también profundizar en los análisis 'ex post' de las reformas paramétricas para saber por qué funcionan mejor o peor de lo esperado.

Y, para ello, hace falta una "involucración mayor y más decidida" de la Seguridad Social, que es la que tiene "todos los datos disponibles" y puede llevar a cabo microsimulaciones precisas. En cualquier caso, la AIReF presentará a lo largo de este año un primer informe sobre la sostenibilidad de la deuda y el déficit estructural de la Seguridad Social en el que ya está trabajando.