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CIUDADANOS SE ABSTENDRÁ

De la Serna avisa de que "está a punto de caer" una segunda multa de la UE sobre la estiba si no hay acuerdo

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pretendía lograr un acuerdo con el objetivo último de recabar los apoyos parlamentarios para convalidar la reforma en el Congreso con que por el momento no cuenta. El PSOE, cuya abstención o voto a favor es decisiva para que salga adelante, condiciona su voto a un consenso del sector.

Agencias | Madrid
| 11/06/2018

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha avisado de que la no convalidación del Real Decreto Ley de la reforma de la estiba, que se vota hoy, supondrá una segunda multa de la Unión Europea, "que está a punto de caer" y ha subrayado que será la primera vez que España incumpla el Tratado de la UE.

Durante el debate de convalidación del Real Decreto Ley de reforma de la Estiba en el pleno del Congreso, De la Serna ha señalado que el Gobierno "ha hecho su parte y lo que tenía que hacer" y que tienen "la conciencia tranquila", también para poder acercar un acuerdo entre la patronal y los sindicatos de la estiba. Ha argumentado que el Real Decreto Ley no ha sido una decisión política libre de cualquier condicionamiento sino que el Ejecutivo estaba obligado por una sentencia europea y la Cámara también "está obligada a la modificación legal" de la norma.

"Es mucho dinero para los españoles y lo vamos a pagar el conjunto de los españoles", ha reiterado sobre la multa que caerá a falta de esta modificación legal, por lo que "hay razones de urgencia y no es una urgencia voluntaria del Gobierno". "El Real Decreto Ley es muy sencillito y no va más allá del estricto cumplimento de la sentencia", ha dicho. En este sentido, ha empezado su intervención resumiendo que "en este país un empresario debe poder contratar libremente a sus trabajadores, y que en situación de desempleo, sea hombre o mujer y esté donde esté, tenga la oportunidad laboral para poder acceder si tiene la cualificación adecuada".

El ministro ha subido a la tribuna con la única presencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la bancada del Gobierno. De la Serna ha subrayado que España acumula ya una deuda cercana a los 23 millones de euros, "que todavía estamos en disposición de poder salvar si se convalida", y ha destacado que la sanción coercitiva diaria de 134.000 euros podría paralizarse. "La no convalidación será responsable de que sea el primer incumplimiento de España al Tratado europeo", ha incidido al tiempo que ha subrayado que ha habido tiempo suficiente entre las partes para poder haber garantizado un acuerdo. Ha recordado que la propuesta del Gobierno para garantizar el mantenimiento del 100% del empleo y ha dicho que el Ejecutivo ha hecho "un esfuerzo importantísimo".

Entre otras medidas, el gobierno ofrece prejubilaciones voluntarias con un subsidio equivalente al 70% del promedio de las percepciones salariales por todos los conceptos correspondientes a los seis meses anteriores a la baja. El acuerdo denominado "tripartito" establece que los trabajadores de las actuales sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep) serán subrogados por las empresas y sus condiciones laborales, así como de los estibadores de las nuevas empleadoras, se determinarán en convenio colectivo sectorial de ámbito estatal.

El documento también recoge que la dirección, organización y control de la actividad laboral de los trabajadores corresponderá a la empresa estibadora y que se constituirá una comisión de seguimiento, con representantes de las tres partes, que vigilará el cumplimiento del acuerdo que se alcance. Sobre la capacidad para poder negociar el Real Decreto Ley, de la Serna ha señalado la "limitación clara y contundente" que estableció la CE.

El ministro ha insistido en que se han producido al menos treinta reuniones y contactos, formales e informales, entre las partes y ha pedido a todos los grupos parlamentarios "altura de miras y visión de Estado" para cumplir con una sentencia que es obligación de un país.

"Decir hoy sí es cumplir con nuestra obligación como país y evitar una multa que tendrán que pagar el conjunto de los españoles de su bolsillo es muy importante. Votar no es mantener la imposibilidad de que estas empresas para puedan contratar con libertad", ha afirmado. Al respecto ha defendido que la reforma de la estiba dará estabilidad al sector y ha alertado de que si alguna gran empresa portuaria decide deslocalizarse produciría un problema para el conjunto de la economía del país.

Ciudadanos anuncia su abstención

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha anunciado que su partido se abstendrá en la convalidación del decreto ley que liberaliza la estiba, por lo que al Gobierno se le complican las cosas para poderlo sacar adelante al no contar con los apoyos suficientes. En los pasillos del Congreso, Villegas ha justificado el sentido del voto de su partido en que no se ha podido alcanzar un acuerdo después de la reunión que el Gobierno mantuvo este miércoles con la patronal y los sindicatos del sector.

Según ha explicado, tras conocer el fracaso de esas negociaciones de última hora, Ciudadanos se puso en contacto con el Ejecutivo para que retirase el decreto ley del orden del día del porque tenía aún una semana de margen para poder cerrar ese pacto. Sobre todo, ha destacado, teniendo en cuenta que el camino iniciado por el Ministerio de Fomento este miércoles era el "correcto".

Ahora bien, ha admitido que "las cosas no se pueden arreglar en una tarde", y más cuando el Gobierno ya llevado dos años y medio perdidos para arreglar esta situación. Por ello, ha admitido no entender el empeño del Gobierno por no aplazar una semana más su debate y posterior votación.

Con la abstención de su partido y el confirmado rechazo del PSOE, Villegas ha dado por seguro que el decreto ley no será convalidado este jueves por el Pleno del Congreso. En todo caso, ha garantizado que Ciudadanos quiere seguir intentando "estar en la solución" y conseguir que finalmente haya un acuerdo porque el sector tiene que liberalizarse con un consenso entre las partes y se ha de cumplir con la sentencia europea.