El vertedero, un basurero privado, colapsó el 6 de febrero de 2020 y desató una conmoción en Euskadi. Además de una crisis medioambiental, provocó una tormenta política, con polémica entre los distintos partidos en fechas previas a las elecciones vascas, y también después.
Tras meses de búsqueda infructuosa, el pasado mes de agosto se localizó el cuerpo de Alberto Sololuze, el otro operario desaparecido bajo los escombros. Desde entonces, el operativo de búsqueda sigue trabajando para localizar a Joaquín Beltrán, todavía sin éxito.
Críticas desde los grupos de la oposición al lehendakari
Numerosas han sido las críticas desde los grupos de la oposición al lehendakari, Iñigo Urkullu, por la gestión del derrumbe. Según decía hace solo un mes el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha transcurrido casi un año "de fracasos de Urkullu: en la búsqueda, en la política medioambiental, en transparencia y en la asunción de responsabilidades políticas".
Al poco del desastre, la pandemia de covid-19 desplazó el siniestro en las portadas de los periódicos, aunque continuaron las peticiones de responsabilidades por parte de algunos partidos y organizaciones sociales. Tras las elecciones autonómicas de julio pasado, en una nueva reedición del pacto PNV-PSE para conformar el Gobierno Vasco, hubo cambios en las carteras y Medio Ambiente, anteriormente gestionada por el socialista Iñaki Arriola pasó a ser responsabilidad de la nacionalista Arantxa Tapia.
Único accidente de este tipo en Europa
El derrumbe es un caso único en Europa y desveló que allí se almacenaban residuos que contenían amianto, un material tóxico para el que la escombrera no estaba autorizada. La Comisión Europea investiga los hechos. El Gobierno vasco, varios ayuntamientos afectados, familiares de una de las víctimas y asociaciones medioambientales han llevado a la empresa Verter Recycling 2000 a los tribunales.
Se abrieron diligencias el 11 de febrero para investigar el desprendimiento
El Juzgado de Durango abrió diligencias el 11 de febrero para investigar el desprendimiento y al día siguiente, transcurridos seis días del derrumbe, el lehendakari Urkullu, visitó la instalación y estuvo con las familias de los desaparecidos, desesperadas por la
imposibilidad del rescate. En fechas posteriores, algunos familiares mantuvieron roces con el Gobierno Vasco, críticos con la gestión del desastre. De sobresalto en sobresalto, el 14 de febrero los análisis detectaron dioxinas en el aire en proporciones cuarenta veces
superiores a los normales, originadas en los fuegos en el vertedero, que se extinguieron una semana después. El Gobierno Vasco recomendó entonces a los vecinos de Zaldibar, Ermua y Eibar que cerrasen las ventanas y no hicieran deporte al aire libre, y se suspendió un partido entre el Eibar y la Real Sociedad.
En febrero también, el Ejecutivo decidió llevar el asunto a la Fiscalía tras reconocer la empresa propietaria del vertedero siniestrado que tuvo conocimiento de la existencia de grietas en la escombrera, pese a lo cual siguió trabajando. El Gobierno Vasco acordó, asimismo, abrir expediente sancionador a Verter Recycling, al igual que la Diputación de Bizkaia, en este caso por los daños causados por el desprendimiento en la autopista AP-8 y a la variante de Ermua, ambas de gestión foral. La institución foral y los Ayuntamientos de Eibar y Ermua anunciaron, además, su personación como acusación particular en el proceso judicial abierto.
Los trabajos de búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos no pararon, pero se ralentizaron por el estado de alarma decretado el 14 de marzo por la covid-19. Quince días después se autorizó que siguieran a pleno rendimiento. El 21 de julio, la Ertzaintza detuvo a tres directivos de la empresa, entre ellos el propietario de la escombrera, Luis Barinaga; y la administradora única de la empresa Verter Recycling 2002, Arrate Bilbao. Los detenidos, investigados por un delito de homicidio imprudente según trascendió entonces, quedaron en libertad provisional tras declarar en el Juzgado de Durango.
El 16 de agosto los equipos de rescate localizaron restos óseos en el vertedero, que, según confirmaron después las pruebas de ADN, correspondían a Alberto Sololuze, uno de los operarios desaparecidos. En octubre y tras meses de movilizaciones, la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu anunció su decisión de personarse como acusación popular en el juicio por esta causa, mientras el Gobierno Vasco abría una nueva fase del operativo de búsqueda de Joaquín Beltrán, con la llegada a la zona donde el operario fue visto por última vez. Sin embargo, a mediados de noviembre la búsqueda finalizó sin resultados y los trabajos se ampliaron a otras áreas.
A día de hoy la búsqueda de Joaquín Beltrán continúa en el vertedero. El Ayuntamiento de Zalla ha pedido, en una declaración institucional, que no se selle la escombrera hasta que se le encuentre.
