La controversia en torno a la sociedad Napardi, que ha decidido mantener en sus estatutos la exclusión de mujeres como socias, ha generado un intenso debate social y político en Pamplona. La directora del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Patricia Abad, ha explicado en Más de Uno Pamplona que el origen de esta situación se encuentra en dos quejas recibidas por parte de mujeres que solicitaban formar parte de la entidad y fueron rechazadas por razón de sexo. El INAI cuenta desde hace años con un protocolo específico para atender denuncias por discriminación de género. A través de este mecanismo, el organismo analizó el caso desde distintos enfoques, especialmente el de la igualdad entre mujeres y hombres, y emitió un informe con recomendaciones para modificar los estatutos de la sociedad. Sin embargo, la respuesta de Napardi ha sido mantener su normativa actual, apoyándose en informes jurídicos externos que cuestionan la competencia del INAI para obligar a una asociación privada a cambiar sus reglas internas.
Dos dimensiones
Ante esta situación el Instituto Navarro para la Igualdad continúa evaluando posibles pasos dentro de su marco competencial. Su directora gerente, Patricia Abad, sostiene que "el caso presenta dos dimensiones claras: una jurídica, en la que entran en juego derechos como la igualdad, la participación y la libertad de asociación; y otra social, relacionada con la necesidad de adaptar tradiciones y prácticas a los avances en materia de derechos". Insiste en que "el debate generado puede ser positivo si se aborda desde una perspectiva constructiva". Subraya asimismo que "las tradiciones no deben prevalecer sobre los principios democráticos" y que las sociedades evolucionan "revisando prácticas que han quedado desfasadas". Considera Abad que la exclusión de mujeres por razón de sexo "no es compatible con una sociedad que aspira a la igualdad real y efectiva".
Falta de consenso político
El caso también ha sacado la luz la falta de consenso político sobre esta cuestión. Mientras algunas formaciones rechazan frontalmente este tipo de exclusión, otras la consideran dentro de la normalidad en el ámbito privado. En este sentido Patricia Abad recalca que "el elemento objetivo es la existencia de una norma que impide el acceso a las mujeres, lo que constituye una discriminación directa". Además ha anunciado que el INAI ha iniciado acciones con otras entidades similares, independientemente de que existan denuncias formales, ya que tiene competencias para actuar de oficio en la promoción de la igualdad. Cuestionada sobre si existen asociaciones femeninas que excluyan a hombres en condiciones similares la directora del INAI sostiene que "no hay constancia de casos ni quejas al respecto". En su opinión esta situación se presenta como "una oportunidad para revisar prácticas tradicionales y avanzar hacia una sociedad más igualitaria, en la que la participación no esté condicionada por el sexo".
Napardi mantiene veto
La sociedad gastronómica Napardi ha rechazado la solicitud que el pasado enero le hizo el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) para que se modifiquen los estatutos y se permita que las mujeres sean socias, por lo que seguirán estando vetadas. Es lo que refleja el acta de la asamblea general ordinaria de Napardi celebrada el pasado marzo. En ella, se indica que el 15 de enero de 2026 se recibió un correo electrónico del INAI en el que se decía que se habían recibido dos quejas por discriminación por razón de sexo, respecto al régimen de admisión y condición de socio de Napardi. El mensaje añadía que de un análisis inicial de los estatutos, la exclusión de las mujeres como socias era discriminatoria, por lo que resultaba aconsejable su revisión y adecuación inmediata. Así, se solicitaba el cambio de estatutos, para garantizar el principio de igualdad; y la remisión al Instituto de Igualdad en un plazo de veinte días del nuevo texto, o los acuerdos adoptados y la hoja de ruta, para el cambio estatutario. Tras ese correo electrónico, se convocó una junta directiva urgente celebrada el 20 de enero, en la que se plantearon varias líneas de actuación.
Consulta jurídica
Napardi acordó solicitar una consulta a un despacho de abogados especializado. De entre los despachos barajados, se decidió a acudir al despacho de los abogados Javier Caballero y Alberto Anderez. La reunión en ese despacho tuvo lugar el 29 de enero. Los abogados le transmitieron que, a su juicio, el INAI no tenía competencia para obligar a una asociación privada a cambiar los estatutos, que el escrito recibido era una recomendación y que, en cualquier caso, de conformidad con la doctrina de las sentencias de los tribunales de justicia dictadas hasta la fecha, los estatutos no eran discriminatorios.
