La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia), exige al Gobierno Regional soluciones con carácter de urgencia ante la crítica situación a la que se están viendo abocadas muchas explotaciones ganaderas de carácter familiar, fundamentalmente de porcino, al verse atrapados en una “maraña burocrática” que está generando que se cuestione la vigencia de las autorizaciones que la propia administración concedió hace años para el desarrollo de la actividad; así como en otros casos, impedir la finalización de los expedientes ambientales que llevan años en tramitación, poniendo en jaque a estas explotaciones para poder seguir en activo.
Según Carlos Esparcia, Secretario de Ganadería de UPA-Murcia, “los ganaderos afectados, que de forma mayoritaria son propietarios de explotaciones familiares que realizan la producción bajo el sistema de integración, son las víctimas de una situación que ni mucho menos ellos han generado, ya que han ido desarrollando su actividad en base a las diferentes autorizaciones que les legitimaba para ello, bajo una exigente normativa de ordenación. Pero ahora, de forma incomprensible, la administración Regional actúa de una forma que puede desencadenar en la pérdida de un tejido socioeconómico muy importante para la economía de la Región de Murcia, pero, sobre todo, para el medio rural”.
UPA-Murcia recuerda que lleva muchos años reclamando al Gobierno Regional la puesta en marcha de estrategias de planificación y adecuación para el sector ganadero, que permitiera que el desarrollo que estaba experimentando, se hiciera de una forma compatible con aspectos urbanísticos y medioambientales. "Pero, a día de hoy, se puede observar que nunca ha habido una voluntad decidida de abordar esta realidad, lo que ha desembocado ahora en que muchos ganaderos se encuentren en una situación de “alegalidad”, poniendo en riesgo el mantenimiento de su actividad.
La organización manifiesta que más que “buscar culpables” de esta situación, que hará, si lo estima oportuno, la administración de justicia valorando las decisiones que se tomaron en el pasado, es el momento de definir los mecanismos y actuaciones dentro de la legalidad y con decisión política, acordes a la dimensión e importancia que tiene el sector ganadero en la Región de Murcia.
La gravedad de la situación para estos ganaderos, tanto por la contundencia de las notificaciones administrativas de revocación de las licencias que están recibiendo como por la cuantía económica de los expedientes sancionadores a la que están expuestos, no da margen de espera al sector. Lo que nos lleva a reclamar al Gobierno Regional que, aun estando en funciones, atienda la reivindicación que UPA-Murcia viene planteando de forma reiterada. Esto es, la imperiosa necesidad de establecer un marco jurídico regional que permita desarrollar unas Directrices Sectoriales y un Plan de Ordenación Territorial. “Para UPA, la falta de respuesta pondría de manifiesto la decisión del Gobierno Regional de abandonar a los ganaderos en el laberinto administrativo provocado por la propia Administración”, concluye Esparcia.
El Gobierno regional lleva años concediendo autorizaciones de cambio de orientación productiva sin autorización ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental como acreditan los dictámenes que está emitiendo el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. ANSE y Ecologistas en Acción anuncia que presentaran denuncia ante Fiscalía por presunta prevaricación.
