José Antonio Martínez Díez de Revenga, asesor jurídico de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente desde hace 34 años, ha declarado en Onda Cero que el Campo de Cartagena, pese a ser una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, sigue careciendo de un Programa de Actuación específico y actualizado a las exigencias de la Comisión Europea pese a que Bruselas pidió en julio de 2020 al Gobierno de Murcia medidas adicionales y reforzadas para reducir y prevenir la contaminación por nitratos de origen agrario.
Considera Martínez Díez de Revenga que el Gobierno regional ha utilizado la Ley del Mar Menor "como coartada" para retrasar la aplicación de la Directiva Europea de nitratos. "¿Cuál es la coartada? Pues introducir una disposición adicional en la Ley del Mar Menor para retrasar más tiempo la aprobación de algo que debería estar aprobado y en vigor hace mucho tiempo" dice.
El funcionario de la Consejería señala que tanto en el Decreto Ley 2/2019, de Protección Ambiental del Mar Menor como la Ley 3/202, de 27 de julio, del Mar Menor, introdujeron disposiciones (la disposición adicional quinta) dando un plazo de 2 meses para iniciar la tramitación del Plan de Actuación del Mar Menor en materia de nitratos.
"Han aprobado una Ley del Mar Menor, que está muy bien, pero se ha querido desviar el foco de atención porque no se cumple la ley estatal que deriva de trasponer la Directiva Europea de Nitratos que dice que la CARM debe tener aprobados los sucesivos programas de actuación para zonas vulnerables como el Campo de Cartagena y a día de hoy no está aprobado ese Programa de Actuación. Le preguntan al consejero y dice que está en tramitación ambiental. Es decir, que la normativa verdaderamente exigente que deberíamos estar cumpliendo desde hace 30 años que es la Directiva Europea de nitratos, no se cumple y eso es muy grave" dice.
Se da la circunstancia de que en julio de 2020, la Comisión Europea emitió un dictamen motivado reconociendo que España y en concreto el Gobierno de Murcia no estaba cumpliendo con sus obligaciones respecto a la directiva sobre nitratos y dio un plazo de tres meses al Ejecutivo murciano para que adoptara las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas, entre otras zonas, en el Campo de Cartagena -Mar Menor. Y el pasado mes de diciembre conocimos que Bruselas había decidido llevar a España a los tribunales por las medidas "insuficientes" en el control de nitratos en regiones como Murcia. La Comisión Europea consideró que no se han tomado acciones adicionales en la Región para atajar la contaminación de espacios como el Mar Menor y el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena.
Desde la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente han informado a Onda Cero de que iniciaron la tramitación del nuevo Programa de Actuación en noviembre de 2020 y que el pasado mes de marzo iniciaron la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico del Programa de Actuación para la zona vulnerable a la contaminación por nitratos del Campo de Cartagena.
Actualmente, según la Consejería, en el Campo de Cartagena-Mar Menor se está aplicando el Programa de Actuación aprobado en junio de 2016, aunque esos programas tienen una vigencia de 4 años según la Disposición Adicional 3.4 de la Ley del Mar Menor y pese a las deficiencias detectadas por Bruselas.
"Descapitalización de la Consejería de Medio Ambiente"
El asesor jurídico de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, José Antonio Martínez de Revenga, asegura que "se han descapitalizado las direcciones generales adscritas a Medio Ambiente" y afirma que el hecho de que haya más de 2000 expedientes de autorizaciones ambientales por resolver "demuestra que la administración no funciona y eso repercute en la economía de la Región. Eso está ocurriendo, solo hay que fijarse en la fecha de las autorizaciones ambientales que se publican en el BORM para comprobar que hay expedientes incluso de 2012".
Por otra parte, denuncia presiones por parte de organizaciones empresariales. "Nos consta que hay cierto sector del empresariado molesto con funcionarios de medio ambiente" y se muestra convencido de que "CROEM pone y quita funcionarios en Medio Ambiente" aunque reconoce que no puede probarlo. "Hay personas que han sido tachadas con nombres y apellidos por la patronal" denuncia.
"El inicio del desencuentro estuvo en los planes de gestión de la Red Natura 2000 del Noroeste y del Mar Menor con Manuel Campos como consejero. En esa época hubo un rifi-rafe muy duro entre la Consejería y la CROEM y se quedaron con la cara de algunos funcionarios de quienes luego pidieron su cabeza y fueron finalmente apartados".
Martínez Díez de Revenga aboga por una Consejería de Medio Ambiente separada de la Consejería de Agricultura. "Un consejero, el que sea, que deba estar gestionando ambas materias ¿por cuál se decanta? Los peces, los montes, los hábitats no votan, la agricultura sí vota. Esta Región de Murcia necesita y merece una consejería que sea solo de medio ambiente porque si no hay una organización potente en temas medioambientales ni hay Mar Menor ni hay calidad del aire ni se gestionan bien los residuos ni se protegen los espacios naturales" concluye.
Sobre la degradación ambiental que sufre el Mar Menor, Martínez Díez de Revenga opina que el "el campo de Cartagena es una fábrica de producir alimentos sobredimensionada cuyo sumidero es el Mar Menor y ese váter no aguanta la fábrica que hemos puesto arriba. Hay que bajar la producción y eso solo puede hacerlo el sector" dice.
Insiste en que los expedientes de responsabilidad ambiental competen a la CHS y no a la CARM
José Antonio Martínez Díaz de Revenga insiste en que, pese a la sentencia del TSJ, "compete a la CHS y no a la CARM abrir los expedientes de responsabilidad ambiental" a ocho empresas agrícolas por contaminar el Mar Menor y verter el equivalente a 2.400 piscinas olímpicas de salmuera con nitratos.
Martínez Díez de Revenga respeta la sentencia que finalmente no ha recurrido la Comunidad Autónoma ante el Supremo sino que ha acatado, pero insiste en que compete al organismo de cuenca por varias razones.
"Tras examinar los informes de los técnicos de Medio Ambiente, me di cuenta de que el primer recurso natural dañado no era el Mar Menor, sino las aguas subterráneas y los cauces públicos cuando la CARM solo es competente en vertidos directos al mar y en este caso se trataba de vertidos indirectos al acuífero y a las ramblas" dice
Por otra parte, el asesor jurídico de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente subraya que "la actividad de desalobración no está regulada por ninguna norma autonómica. Se trata, por tanto, de una actividad regulada por la legislación de aguas cuyo cumplimiento compete a la CHS".
"Hay que tener en cuenta, y esto es importante, que el requerimiento de la Fiscalía no era a las explotaciones agrarias por abonar de manera excesiva sino por las desalobradoras controladas, sancionadas e incluso clausuras por la CHS que inyectan la salmuera en el acuífero e incluso lo vierten al cauce público".
Martínez Díez de Revenga justifica así que en un primer informe concluyera que era competencia autonómica y meses más tarde emitiese otro informe proponiendo el archivo del expediente de instrucción al considerar que abrir los expedientes de responsabilidad ambiental eran competencia del organismo de cuenca.
Martínez Díez de Revenga ha querido denunciar en Onda Cero lo que considera "un atropello" por parte de sus superiores al insinuar públicamente, entiende él, que el TSJ ha dado un tirón de orejas a la Comunidad Autónoma porque él se ha equivocado. "Se trata de una decisión colegiada de la consejería". "Yo asumo mi equivocación, pero la responsabilidad final del error es de la institución, no de un funcionario y así debe decirse en público" concluye.
